Hoy en gran parte del territorio nacional, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armando. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), actualizado hasta febrero de 2024, el número de víctimas registradas históricamente en Colombia asciende a 9.659.204 personas.
Diario del Huila, Contexto
Hoy, 9 de abril, Colombia se une en memoria y solidaridad para recordar a quienes han sufrido y resistido los horrores del conflicto armado que ha marcado la historia del país. La Unidad para las Víctimas y el Gobierno, en pleno reconocimiento de la Ley 1448 de 2011, lideran este homenaje a través de diversas actividades bajo la campaña ‘Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir’.
Con un total de 64 actividades programadas en todo el territorio nacional, la jornada busca la participación activa de víctimas provenientes de todas las regiones del país. Esta iniciativa tiene como objetivo principal propiciar un reconocimiento masivo y un llamado urgente a la sociedad y a todos los actores armados para poner fin a la guerra. Es un gesto en línea con el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos activos, dotados de la autoridad moral para clamar por la no repetición de los hechos violentos.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), actualizado hasta febrero de 2024, el número de víctimas registradas históricamente en Colombia asciende a 9.659.204 personas. Este número refleja la magnitud del impacto del conflicto en la sociedad colombiana y la urgencia de abordar sus consecuencias de manera integral.
Sin embargo, el Gobierno enfrenta un desafío crucial debido a la escasez de recursos para compensar adecuadamente a los millones de víctimas. Durante una sesión del Consejo Nacional de Paz, el presidente resaltó la necesidad de 300 billones de pesos para llevar a cabo este proceso de resarcimiento. Este desafío no solo implica la asignación de recursos financieros, sino que también representa una prioridad inmediata para poner fin al conflicto armado en el país.
El objetivo primordial es lograr que Colombia salga de la espiral de la guerra y, en segundo lugar, crear condiciones de seguridad que permitan a la población vivir en paz y tranquilidad. En este sentido, el reconocimiento y la reparación a las víctimas se erigen como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y reconciliada.
De acuerdo con Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Victimas en el Huila, hoy se tiene prevista una Eucaristía a las 7:00 a.m. en la iglesia Colonial de la ciudad de Neiva, donde la oficina de Atención a Víctimas de Conflicto Armado de la Gobernación del Huila, hará un homenaje a quienes ha sufrido este flagelo.
El desplazamiento, un hecho victimizante
Desde la implementación del acuerdo de paz hasta septiembre de 2023, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado un desplazamiento masivo o confinamiento aproximadamente cada dos días en Colombia.
Este alarmante fenómeno ha resultado en un significativo aumento en el número de víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos durante el año 2023, cuadruplicando las cifras en comparación con 2017, año en que se inició el acuerdo de paz en Colombia.
Según datos proporcionados por el Foro de ONG Humanitarias en Colombia, entre enero y agosto de 2023, un total de 245,672 personas se vieron obligadas a desplazarse debido a la persistente violencia y conflicto en el país.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su informe de septiembre de 2023, mostró que los desplazamientos forzados siguen siendo una faceta importante del conflicto armado colombiano. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2023, este instituto registra 1,324,964 eventos de este tipo.
El año 2022 se caracterizó por tener los números más altos de desplazamiento forzado masivo en el periodo estudiado. Estos hechos están mayormente relacionados con los enfrentamientos entre grupos armados con gran presencia territorial (AGC, ELN y las disidencias de las FARC-EP). Además, las comunidades indígenas y afrodescendientes representan el 39% del total de las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado masivo (mínimo 10 familias o 50 personas).
A pesar de su interés en mostrar que este delito sigue ocurriendo, el informe señala una disminución en el número de desplazados en general durante los cinco años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, con un promedio anual (2017-2021) de 100,000 personas, frente al medio millón de desplazados por año en promedio que se observó en la primera década del siglo XXI.
¿Qué significa ser una víctima del conflicto armado en Colombia?
El conflicto armado en Colombia es una de las tragedias cotidianas que enfrentan los colombianos debido a la lucha fratricida por el poder político. Se podría decir que esta situación se remonta al inicio de la República, pero fue a partir de mediados del siglo XX, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que se desató una espiral de violencia que persiste hasta hoy. Esta violencia ha dejado a su paso más de 9 millones de víctimas que claman por verdad, justicia y reparación integral tanto al Estado como a sus victimarios.
En la década de los 90, tras el declive de los grandes carteles del narcotráfico, surgieron grupos guerrilleros como las FARC-EP y el ELN, quienes no participaron en los procesos de paz durante los gobiernos de Barco y Gaviria. Además, aparecieron estructuras paramilitares que, en connivencia con algunos actores estatales, exacerbaban la vulneración de derechos en toda la población colombiana.
Desde entonces, hemos presenciado una crisis humanitaria sin precedentes. Más allá de las muertes de combatientes y los constantes actos de violencia, más de 9 millones de compatriotas han visto sus derechos fundamentales vulnerados. Anhelan que la paz, tan esquiva hasta ahora, pueda avanzar en el restablecimiento de sus derechos y demostrar el poder transformador de las víctimas.
La Ley 1448 de 2011 marcó el inicio de la reparación integral. Esta ley, motivada por la grave situación humanitaria del país y la presión internacional, establece un marco para la atención y reparación de las víctimas del conflicto. También responde a múltiples órdenes de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, que declaró un Estado de cosas inconstitucional en los procesos de atención a la población desplazada.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es el instrumento institucional más importante de Colombia. No solo busca reconocer y restablecer los derechos de las víctimas del conflicto, sino también iniciar un proceso real de construcción de paz mediante el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos que han afectado profundamente a toda la sociedad.
El poder transformador de las víctimas se evidencia tras la aprobación de esta ley. Su tenacidad, resiliencia y valentía muestran caminos para la transformación social y ofrecen oportunidades de cambio, a pesar de las adversidades sufridas y las demoras institucionales en su reparación integral.
