Por: Ernesto Cardoso Camacho
Por fin luego de tantos años la Fiscalía ha decidido llamar a juicio al expresidente Uribe. Se le imputan los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, los cuales en concurso homogéneo tienen una pena superior a 10 años.
En dos ocasiones anteriores los respectivos Fiscales a cargo de la investigación solicitaron a los Jueces de Conocimiento la Preclusión de la investigación penal, es decir, el declarar que la conducta investigada no existió o que no existían pruebas suficientes para continuarla. Sin embargo, tales funcionarios judiciales no acogieron las solicitudes e incluso estas fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Bogotá.
El origen es suficientemente conocido, aunque bien vale la pena recordarlo. Uribe denuncia ante la Corte a Iván Cepeda por manipulación de testigos contra él y su hermano Santiago, sindicándolos de haber sido los creadores del bloque Metro en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, en la época en la que el expresidente fungía como gobernador de Antioquia, donde además la guerrila asesinó a su padre en un intento de secuestro.
En este escenario judicial de altísimo contenido político se desarrolla la investigación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por ser sus protagonistas aforados. De manera sorpresiva, el magistrado Barceló decide archivar la investigación contra Cepeda y ordena abrirla contra Uribe. Es decir, éste pasa de denunciante a sindicado, hecho de gran trascendencia penal con enormes consecuencias políticas, pues se sabe que Cepeda es hijo de un reconocido militante de las Farc y Uribe es quien desde sus dos gobiernos logró detener el avance de las Farc en su intento de obtener el poder por las armas.
Surge así una investigación contra Uribe donde no le reciben versión libre si no que lo llaman a indagatoria con el fin específico de generar mucho ruido y desde luego una clara estrategia de desgaste político al expresidente. Tanto así que luego de varios meses de rendida la indagatoria la nueva Sala de Instrucción con ponencia del Magistrado Reyes, decide decretar la medida de aseguramiento con detención domiciliaria al expresidente. Allí se inicia el calvario judicial a que lo han sometido, cobrándole su indiscutible liderazgo político.
En este claro contexto gana las elecciones el candidato Petro hecho político que polariza a la sociedad colombiana en los dos extremos ideológicos. En estas circunstancias, la elección de la nueva Fiscal de la terna propuesta por el presidente Petro, trae como consecuencia el hecho ya ampliamente conocido del llamamiento a juicio del expresidente.
Viene ahora una intensa actividad judicial donde la exposición y sustentación de los elementos probatorios, serán el ineludible sustento constitucional y legal de la decisión sobre la absolución o la condena, donde además es imperativo recordar que el expresidente tiene pleno derecho, como cualquier ciudadano, a la presunción de inocencia dado que le corresponde al Estado, a través del sistema judicial, demostrar la culpabilidad del imputado.
Lo que si es evidente por ser indiscutible, es que en la coyuntura actual de la altísima polarización política e ideológica que hoy sufre la Nación colombiana; el expresidente Uribe constituye una preciosa presa para sus detractores, tanto de la extrema izquierda y aún dentro de algunos sectores de la llamada derecha; los cuales coinciden en no perdonarle su liderazgo y los logros obtenidos en beneficio del país con su presencia en el escenario institucional donde la seguridad, las libertades, la iniciativa privada y la cohesión social, han sido factores imprescindibles para el progreso y bienestar social de nuestra población.
Quienes como en mi caso nos contamos por millones, confiamos plenamente en la inocencia del expresidente Uribe, tenemos la certeza de que su juicio será más político que jurídico, pues sus detractores consideran a su liderazgo como un gran estorbo para reformar el sistema institucional y democrático que nos ha caracterizado. Aquí hay que recordar un principio fundamental. Es mejor una democracia imperfecta que una dictadura perfecta.
