La preocupación por las intervenciones en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se intensifica en Neiva, donde se ha registrado un aumento del 40% en las quejas de los usuarios. Según el personero de la ciudad, Jerson Andrés Bastidas, esta situación refleja una realidad preocupante que va más allá de las fronteras municipales.
Diario del Huila, Panorama
La incertidumbre en torno a las intervenciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) está generando preocupación a nivel nacional, con repercusiones significativas en la población de Neiva. Según el personero de la ciudad, Jerson Andrés Bastidas, el incremento de las quejas presentadas ante la personería refleja una realidad preocupante para los usuarios.
«Lamentablemente, esta situación afecta considerablemente a los habitantes de Neiva, pero es un problema que trasciende las fronteras municipales«, afirmó Bastidas. La complejidad del sistema de salud colombiano, sumada a las intervenciones gubernamentales en las EPS, ha llevado a una situación donde casi cualquier procedimiento médico de cierta complejidad requiere medidas judiciales o intervenciones de entidades como las personerías y la Superintendencia de Salud.
El representante del Ministerio Público destacó un aumento significativo en las quejas comparado con el año anterior. «En 2023, se registraron 189 acciones relacionadas con la Nueva EPS. Sin embargo, en lo que va del 2024, ya hemos recibido 126 quejas similares, lo que indica una tendencia preocupante«, explicó Bastidas.
La situación con la EPS Sanitas también refleja una tendencia alarmante. «En 2023, se reportaron 172 intervenciones, mientras que en los primeros cuatro meses del 2024 ya llevamos 84. Esto sugiere que la cifra final podría ser considerablemente mayor», agregó.
Estos datos, aunque provienen principalmente de la personería, son solo la punta del iceberg. Muchos usuarios también recurren a otras instituciones como los consultorios jurídicos, la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo para hacer oír sus reclamos.
Los reclamos más usuales
Entre las quejas más comunes se encuentran las relacionadas con procedimientos médicos de alto costo, cirugías y tratamientos para enfermedades terminales. Además, un gran número de usuarios busca apoyo para cubrir gastos de transporte y manutención cuando necesitan desplazarse a otras ciudades para recibir tratamientos o exámenes especializados.
Este tipo de gestión no está inherentemente vinculado a los derechos y autorizaciones usuales que los usuarios del sistema poseen. En cambio, se ha establecido a través de precedentes judiciales y acciones de tutela para asegurar el respaldo económico necesario que permita a las personas desplazarse a los lugares donde las EPS les indican para procedimientos médicos. En ocasiones, estas intervenciones son de tal complejidad que solo se realizan en ciudades principales del país, como Bogotá, Medellín o Cali.
«Es preocupante ver cómo el sistema de salud ha llegado a depender tanto de medidas judiciales para cumplir con las necesidades de los usuarios. Estamos aquí para apoyar a los ciudadanos y, si es necesario, tomar medidas ante las EPS«, subrayó Bastidas. Sin embargo, destacó que este no debería ser el camino habitual y que el sistema debería poder garantizar los derechos de los usuarios sin recurrir constantemente a la judicialización.
El panorama de las intervenciones en las EPS en Neiva refleja una situación compleja y en constante evolución, con un aumento preocupante en las quejas de los usuarios. Mientras tanto, las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos continúan trabajando para mitigar los efectos de estas problemáticas en el acceso a la salud en la región.
¿Se pueden salvar las EPS intervenidas?
Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido liquidadas, la mayoría después de pasar por medidas como la intervención estatal, y según expertos, ninguna de aquellas que fue trasladada al control público pudo salvarse.
Aunque durante el mandato del presidente Gustavo Petro se intervinieron seis EPS, los problemas financieros no son una novedad en este sector. Durante la administración anterior, más de 10 entidades fueron intervenidas y posteriormente liquidadas.
En la actualidad, la controversia sobre la toma estatal de las EPS se centra en las supuestas demoras en los desembolsos de los presupuestos máximos por parte del Gobierno y la insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), los ingresos destinados a la atención de los afiliados no están aumentando al mismo ritmo que los gastos.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, ha señalado que la crisis del sistema se profundiza, algo que han advertido desde el inicio del gobierno actual. Vesga afirma que los problemas derivados del desfinanciamiento del sector no se están resolviendo.
¿Ha sido exitosa la intervención? Según la Ley 100, las EPS deben cumplir con indicadores de solvencia financiera para permanecer activas en el sistema. Sin embargo, ¿qué tan efectivas han sido las intervenciones?
Sandra Jaramillo, agente especial interventora de Famisanar, comentó después de una reunión con el presidente Gustavo Petro que “el mensaje es de continuidad; estas EPS están intervenidas para administrar precisamente y evitar su liquidación debido a problemas financieros”.
Sin embargo, la presidenta de Acemi sostiene que «no hay ningún caso de éxito en la historia de las intervenciones a las EPS de este país que haya resultado en entidades que se hayan saneado y mejorado su situación financiera».
Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, argumentó en los medios de comunicación que la toma de control permite realizar cambios administrativos. Sostiene que otras medidas, como la vigilancia especial, no resultaron efectivas con EPS que ya no existen en la actualidad.
«Aquí estamos actuando de manera ponderada, en favor de la vida de las personas, de manera oportuna, sin repetir la historia«, agregó el funcionario.
Al analizar las estadísticas sobre la efectividad de la intervención, surge la pregunta de qué ocurrirá con los más de 20 millones de usuarios que actualmente están bajo responsabilidad del Estado si se liquidan Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emsanar, Savia y Asmet.
Los usuarios de las EPS liquidadas son reasignados a las entidades que permanecen operativas y, después del proceso de distribución, tienen la opción de cambiarse a otra entidad.
El presidente Petro afirmó en una entrevista que si quisiera acabar con las EPS no presentaría una reforma al sistema: «Dejaría que ocurra lo que está sucediendo. Ni siquiera tendría que retrasar los pagos, simplemente, una EPS quebrada, sus afiliados tendrían que pasar a las que quedan y estas, a su vez, caerían. Solo es cuestión de esperar».
