Trámite de la Reforma Pensional

Con la aprobación de la Reforma Pensional en el Senado de la República, la propuesta del gobierno nacional sigue su trámite en la Cámara de Representantes. Los términos para su aprobación se encuentran ajustados. La primera semana de julio, deberá estar finiquitada para la firma del presidente de la República, si se mantiene el cronograma establecido. La opinión pública, ya conoce las marrullas que se manejan al interior de los debates. Impera la mermelada, promesas de contratos, nombramientos y toda clase de triquiñuelas para que los honorables padres de la patria aprueben este proyecto que contiene un sesgo político y que va en contravía a mejorar todo el sistema pensional del país. De nada ha servido los análisis e investigaciones que han realizado la academia y los centros de pensamiento, que han advertido en reiteradas ocasiones los efectos fiscales adversos que generaría en el futuro para la salud de las finanzas públicas nacionales. Se presentaría un colapso presupuestal para el ordenamiento del gasto público en el mediano futuro. 

Paralelo a lo anterior, uno de los imperativos de reformas estructurales que han aconsejado la banca multilateral, las firmas calificadoras de riesgo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, es buscar el saneamiento de este sistema que se puede convertir en una bomba fiscal para el Estado.  La idea de los pilares del Gobierno Nacional y la centralización del sistema en manos de la entidad pública, Colpensiones, además de la administración del fondo general de ahorro pensional en manos del Banco de la República, han pasado a la comisión respectiva en la Cámara y posteriormente irá a discusión en plenaria, para conciliar lo aprobado en las dos instancias legislativas, convirtiéndose en la primera gran reforma propuesta por esta administración que más lejos ha llegado.

Es indispensable que se realice un verdadero diagnóstico sobre este proyecto. Deben ser objetivos los representantes a la Cámara de Representantes. Que sea todo estatal, es muy peligroso. La propuesta del Gobierno debilita el papel del sector financiero en el mercado de las pensiones, le resta juego en el ahorro nacional, pero, ante todo, no hace nada para que la población económicamente activa, de unos 24 millones de colombianos, se formalice, aporte o ahorre para su pensión dándole opciones desde el salario mínimo legal. Igualmente, los consensos que se habían logrado de mantener el pilar de los $2,3 millones de pesos con los senadores del partido liberal que asistieron en el Palacio de Nariño y una vez aprobada la reforma en el Senado de la República, el presidente Gustavo Petro, plantea que este monto debe subir a los 4 millones de pesos, lo cual obligaría al 97% de todos los aspirantes a ser pensionados pasar a Colpensiones. Este conejo planteado al legislativo puede generar una incertidumbre en esta Corporación.