A escasos días de la implementación del nuevo modelo de salud destinado a los docentes públicos del país, la Procuraduría ha emitido una alerta sobre las graves inconsistencias operativas y en contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno Nacional.
Según el Ministerio Público, la transición planificada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se caracteriza por una improvisación preocupante. Temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud aún carecen de claridad, y ni siquiera han sido presentados ante el Consejo Directivo.
Esta red, que consta de 32 coordinaciones regionales, es parte integral del nuevo sistema. Sin embargo, su falta de definición ha generado incertidumbre y controversia entre los maestros agremiados en FECODE.
La Procuraduría también ha expresado serias dudas sobre la estructuración del sistema. No se ha precisado la cantidad de personal requerido, el presupuesto destinado ni los responsables de la supervisión a nivel regional y local. Esta falta de claridad representa un riesgo para la administración efectiva de los servicios de salud.
Le puede interesar: Expertos alertan por trato diferencial a poblaciones étnicas en la reforma pensional
En términos de presupuesto, la implementación del nuevo sistema conllevará un aumento significativo de costos, estimado en más de un billón cien mil millones de pesos anuales en comparación con el modelo anterior.
Además, la revisión de documentos revela una falta de firma de contratos y de capacitación del personal que operará el sistema. La distinción entre servicios médicos y administrativos no está clara, lo que aumenta el riesgo en la contratación.
La designación de Fiduprevisora como operador del servicio también ha suscitado preocupación. Dado su carácter de entidad financiera, la supervisión por parte de la Supersalud podría verse comprometida, lo que pone en riesgo las reclamaciones de los usuarios.
La Procuraduría también ha señalado la ausencia de un responsable designado para vigilar la calidad del servicio y gestionar el riesgo, lo que podría afectar la atención prestada a los docentes.
El Procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, ha instado a las autoridades a ajustar el proyecto para evitar que la atención en salud de los profesores quede en el limbo.
Puede leer: El 30 de abril inician los pagos del programa Renta Ciudadana
