DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Galindo
La legalización de los asentamientos implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, cuando a ello hubiere lugar y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores.
El padecimiento para los habitantes del sector de La Victoria, por no tener legalizados sus predios, terminó el pasado viernes 9 de abril cuando el alcalde de Neiva, les entregó la Resolución 003 del 29 de diciembre de 2020, donde queda legalizado el asentamiento como otro barrio de la capital huilense.
Nubia Perdomo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del nuevo barrio de la Comuna 10, ubicado en el oriente de Neiva, dice que llevaban más de diez años de lucha para que los legalizaran.
“Vivo en el sector desde hace 38 años, en principio la lucha fue por conseguir la instalación de los servicios públicos. Tenemos energía eléctrica, gas y agua, con el esfuerzo y trabajo de los líderes comunales que han emprendido todo tipo de proyectos para poder llevar hasta sus casas los servicios públicos vitales”, dice. Hace cuatro años lograron que les instalaran el alcantarillado con lo que ya tienen los servicios públicos básicos.
“Pero esto apenas comienza, como nos lo dijo el propio alcalde Gorky Muñoz. El proceso es como cuando un niño va a caminar, primero gatea y luego da los primeros pasos, hasta llegar a caminar”, manifestó el mandatario al momento de entregar la resolución de legalización del barrio.
“No cuentan con buenas vías de acceso y no les aprobaban proyectos de mejoras porque el barrio no estaba legalizado”, comenta Andrea Calderón, ahora dirigente e hija de uno de los fundadores.
Los moradores tampoco podían postularse para los subsidios que otorga el Gobierno porque no tenían escrituras. “Ahora con la legalización podrán acudir a los entes encargados para mejorar los servicios públicos y las vías. Asimismo, con las escrituras que los acreditan como propietarios pueden acceder a los subsidios y ayudas del Gobierno para mejorar sus viviendas”, agrega.
Los beneficiarios
De la propuesta urbanística que presentó la Alcaldía, se beneficiaron en principio 75 propietarios, nos indica don Marcos Rojas, uno de los fundadores: “Del entonces asentamiento en total hay 107 familias”, comenta.
“Los 32 restantes no fueron legalizados por circunstancias como la cercanía con afluentes o la zona de ampliación de vías, por lo que tendrán prioridad para acceder a los programas de vivienda que tiene la Administración Municipal en diferentes sectores de la ciudad y, por ahora, no serán desalojados”, concluye.
“Los predios que no fueron legalizados en su mayoría son por problemas ambientales, pero a través de la Secretaría de Vivienda, estas familias pueden ser reubicadas, no se van a quedar sin vivienda”, dice María Perdomo, también integrante de la Junta.
Los moradores tampoco podían postularse para los subsidios que otorga el Gobierno porque no tenían escrituras. “Ahora con la legalización podrán acudir a los entes encargados para mejorar los servicios públicos y las vías”, sostiene Pacho Calderón, actual tesorero de la Junta de Acción Comunal del nuevo barrio de Neiva.
La administración se pronuncia
En la capital del Huila, según la Administración Municipal, existen 117 asentamientos sin legalizar, a lo largo y ancho del municipio. Estos asentamientos llevan más de 20 y 30 años conformados y por ende no pueden acceder a inversiones que mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, solo 28 asentamientos están legalizados en Neiva.
Actualmente, en todas las comunas de Neiva existe por lo menos un asentamiento. Las comunas 3, 5, 6, 8, 9 y 10 son las que cuentan con el mayor número, mientras que en la 1, 2, 4 y 7 se pueden identificar unos pocos.
Algunos líderes comunales de los asentamientos, mencionan que los Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) del oriente de Neiva son de hace 20 años y, desde entonces, no han sido actualizados. Por esta razón, los procesos de legalización de los asentamientos no han avanzado hasta el momento.
La actual administración ha legalizado diez asentamientos de diferentes sectores de Neiva. Algunos de ellos venían con un proceso avanzado de años atrás. En la Comuna 10, por ejemplo, se han legalizado los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San Bernardo, Sector Barreiro y Camelias y están ad portas de una posible legalización Machines, Palmas III y ‘Álvaro Uribe’, este último tiene la particularidad que dentro de los terrenos ocupados hay predios privados.
Sin embargo, la comunidad no está del todo satisfecha con el proceso de legalización. De las 185 familias que habitan en Camelias, solo legalizaron 73, y en Sector Barreiro solo 52 de las 140 familias.
Entre los ciudadanos de a pie, hay quienes afirman que los asentamientos son un negocio que da muy buenos réditos económicos. “Muchas de estas personas se especializan en esta actividad, con el apoyo de políticos y funcionarios inescrupulosos. Una vez invaden le aplican una mejora al terreno y a los pocos meses o años lo venden por intermedio del documento de ‘compraventa’, y quedan listos para invadir en otro sector de la ciudad. Las autoridades saben cómo opera este negocio, pero no aplican ningún control, a sabiendas de que este tipo de asentamientos o barrios son la principal razón del crecimiento desordenado y sin ninguna planificación de la ciudad”.
Negocio o no, lo cierto es que tanto la Administración Municipal, los líderes, y presidentes de las JAC deben ponerse de acuerdo, y trabajar mancomunadamente para hallar soluciones a la problemática. A diario siguen apareciendo nuevos asentamientos en donde, muchas veces, se vive en condiciones precarias, a diferencia de los que, tal y como lo mencionan algunos ciudadanos, habitan personas que solo pretenden lucrarse económicamente del asunto.
Los asentamientos de origen informal susceptibles de iniciar el trámite de legalización urbanística deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
Estar consolidados urbanísticamente, es decir, que presenten una estructura urbana con vías existentes y lotes ocupados, construidos.
Estar constituidos por viviendas de interés social ubicados en estratos 1 y 2.
No estar ubicados en las categorías de estructura ecológica principal, suelo de protección, áreas de reserva para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento generales.
Varios presidentes de las juntas de acción comunal aseguran que, a pesar de contar con muchos problemas dentro de los asentamientos, su mayor deseo es que sean legalizados. Aclaran que si bien es un proceso que tiene unas directrices, sus asentamientos cumplen con los requisitos, y conviene la legalización debido a que muchos de los habitantes quieren mejorar sus viviendas, pero temen hacerlo y que luego éstas les sean arrebatadas o demolidas. Debido a que con la actual administración ese deseo no se pudo materializar, piden diligencia por parte de la siguiente.
