Se espera que los ex militares que comparecen ante la JEP realicen contribuciones que conduzcan a labores específicas para la restauración de los daños causados durante el conflicto armado. Las organizaciones de víctimas del departamento participaron en la Mesa Técnica de TOAR, presidida por la Gobernación del Huila, adoptando esta determinación.
Diario del Huila, Informe
Con el propósito de fortalecer el trabajo de búsqueda de cerca de 1500 personas desaparecidas en el departamento del Huila y contribuir a la construcción de paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciaron que los comparecientes ante este mecanismo judicial podrán participar en la labor humanitaria desarrollada por la UBPD como parte de los Trabajos, Obras y Actividades de Contenido Reparador y Restaurador (TOAR) en el sur del país.
Durante la última sesión de la ‘Mesa Técnica de Promoción y Articulación de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador y Restaurador’, liderada por la Gobernación del Huila, se tomó la decisión de que tanto los exmilitares vinculados al caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, como los excombatientes de las FARC, aporten información y mano de obra tangible como parte del esfuerzo por sanar las heridas dejadas por la guerra.
Según Camilo Ernesto Gómez Alarcón, coordinador de la Unidad de Búsqueda en el Huila, esta iniciativa se enfocará especialmente en orientar actividades para ubicar a personas que podrían estar inhumadas en cementerios del departamento. Subrayó además que la implementación de lo acordado requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad y el trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones.
«Todos los actores involucrados en la construcción de la memoria colectiva deben participar fundamentalmente. Alrededor de estos TOAR para la búsqueda, es esencial que podamos unir esfuerzos y trabajar juntos para ofrecer respuestas a las familias en busca de sus seres queridos«, enfatizó Gómez Alarcón.
Asimismo, expresó que dentro de las iniciativas relevantes aprobada por la mesa departamental, es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en diferentes contextos. “Estamos en proceso de poder organizar esa iniciativa, en proyectos, junto con las víctimas, las personas comparecientes para contribuir en el departamento a la sanación de todos”.
Es importante destacar que las víctimas y los comparecientes construyen los TOAR y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los aprueba.
“Hay iniciativas que no puede desarrollar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en solitario, y mucho menos las instituciones departamentales, por lo que es necesario construir de forma cercana, todos los actores que estamos en la sociedad y que estamos tejiendo memoria”.
Respaldo de la JEP
La Mesa Técnica, establecida mediante el decreto 355 del 2022, cuenta con el respaldo del magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, quien destacó que con la reciente priorización de la búsqueda se espera que los comparecientes se involucren lo antes posible en los proyectos TOAR, permitiéndoles contribuir más allá de proporcionar información sobre la ubicación de cuerpos.
«Esperamos que los comparecientes no solo brinden información, que es su deber, sino que también participen en labores que contribuyan a la búsqueda y a la reparación simbólica de las víctimas«, subrayó el magistrado Ramelli, quien anticipó avances significativos en este sentido durante la próxima audiencia de reconocimiento de verdad programada para el próximo mes de agosto.
Según Ramelli, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Huila se realizó a través de información proporcionada por los comparecientes, quienes reconocieron no solo la comisión de ejecuciones extrajudiciales, sino también, en algunos casos, su vinculación con desapariciones forzadas. “Ellos han dado algunas informaciones, sobre algunos cementerios y lugares, donde podrían estar los cuerpos de sus víctimas y por eso, toda esta información llegó a la mesa TOAR”.
El magistrado precisó que además de estas comparecencias, se han tomado medidas cautelares, con el propósito de proteger lugares donde se presume que estén cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
En cuanto al inicio de este proyecto de contribución, el magistrado de la JEP, indicó que lo ideal sea lo más pronto posible. “Estas personas, que todavía están en tránsito en la Jurisdicción, puedan vincularse lo antes posible a estos proyectos que se están estructurando. Sería una sanción anticipada, no solamente dando información, sino realizando labores que puedan contribuir a la reparación simbólica de las víctimas.
El caso 03
Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 militares retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en Huila por 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio.
Se trata del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada. En total, las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación reportaron 264 muertes, de las cuales 192 fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate entre el 2005 y el 2008.
En el marco del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, la JEP decidió imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.
La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales.
Las actuaciones de los tres altos oficiales transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. Las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar.
En el caso de los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades priorizadas, todos deben responder a título de coautores por los crímenes que se les imputan.
La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
