La víctima fue desmembrada, sus restos envueltos en bolsas plásticas y arrojadas a un río. Dentro del grupo de condenados se encuentra un miembro de la Policía Nacional.
Diario del Huila, Primer Plano
La Fiscalía General de la Nación obtuvo la condena de 27 años de prisión para cinco hombres, responsables de la desaparición del comerciante de celulares Ezequiel Martínez Lugo en Acevedo (Huila), un trágico evento que conmocionó a la comunidad el 21 de enero de 2009.
La decisión del juez de revocar el fallo de primera instancia, que inicialmente había absuelto a los implicados, establece un importante precedente en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia. La participación de un miembro de la Policía Nacional entre los condenados añade un escalofriante aspecto a este lamentable suceso.
En voz activa, el texto quedaría así: «Los hermanos Henry y Fredy Espinosa Guevara, John Jairo Plaza Facundo, Henry Soto Majé y el patrullero Henry Mejía Orozco, interceptaron a la víctima, un comerciante dedicado a la venta de celulares, bajo la promesa de transportarla a Neiva (Huila) para la expedición de un pasaporte. Sin embargo, convirtieron este viaje en una trampa mortal al desmembrar a la víctima, ocultar sus restos en bolsas negras y arrojarlos al río Magdalena. Esta acción revela un alto grado de atrocidad y premeditación.
La investigación
Las investigaciones llevadas a cabo por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía demostraron que los condenados formaban parte de una red de narcotráfico involucrada en la comercialización de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Cauca y Caquetá.
En el fallo de primera instancia, el Juez Tercero Penal Especializado de Neiva había dictaminado la absolución de seis implicados en el caso de la desaparición del comerciante debido a la inexistencia de pruebas concluyentes y la descredibilidad del testigo principal presentado por la Fiscalía.
La determinación del juez en ese entonces se había fundamentado en un detenido análisis de las evidencias y declaraciones recabadas por el Fiscal 150 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos.
En ese entonces, el juez pudo evidenciar que el acusador ente no pudo probar sólidamente la presunta desaparición del comerciante. Una pieza clave en esta conclusión había sido el registro de llamadas tanto entrantes como salientes del teléfono de Martínez Lugo, efectuadas días después de su supuesta desaparición.
La desaparición
El día que desapareció, Ezequiel Martínez Lugo salió de su casa en el municipio de Acevedo, a las 6 de la mañana, con rumbo a Neiva para tramitar un pasaporte. Iba en compañía de Rodolfo Useche González, quien regresó solo, alegando que este último había decidido viajar por su cuenta debido a problemas legales de Useche. La investigación determinó que Martínez nunca llegó a Neiva ni a Panamá, como se había planeado originalmente para una compra de celulares y accesorios.
Sin embargo, pasados algunos días, nada se conoció de Martínez, por lo que la familia comenzó la desesperada búsqueda y finalmente informaron de la desaparición a las autoridades.
La Fiscalía esclareció que Martínez fue asesinado, su cuerpo desmembrado y sus restos embolsados fueron arrojados al río Magdalena, específicamente en el área de Altos de Pericongo, ubicado entre Altamira y Timaná.
La motivación detrás de este brutal acto, según la autoridad competente, radica en un aparente desacuerdo con una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. “La víctima había recibido varios kilos de coca para su venta, sin embargo, no reportó el dinero producto de la misma, ni devolvió la citada mercancía”, explicó la Fiscalía, destapando el oscuro trasfondo de este caso.
La confesión de Useche
Rodolfo Useche González, en una audiencia ante un Juez de Conocimiento en Neiva, expresó en su momento su pedido de perdón a la familia del comerciante desaparecido y a Wilson Faber Endo Quintero, su presunto cómplice, por haberlo involucrado.
Según la Fiscalía, Useche confesó haber sido coautor del delito de desaparición forzada contra Ezequiel Martínez Lugo en el año 2009, lo que resultó en una reducción de su condena a 13 años y tres meses de prisión.
Durante la audiencia judicial, el fiscal 16 especializado delegado de Ibagué, a cargo del caso, relató parte de los hechos relacionados con la desaparición del comerciante. Según el fiscal, a las 6:00 de la mañana del 21 de enero de 2009, Ezequiel salió de su residencia en Acevedo con destino a Panamá para comprar celulares y accesorios.
Inicialmente, su ruta planeada era de Acevedo a Neiva, donde se encontraría con su novia, con quien planeaba casarse a fin de mes. Sin embargo, Ezequiel nunca llegó a Neiva, aunque alrededor de la 1:30 de la tarde del mismo día, se comunicó con su novia por teléfono desde Garzón para informarle que estaba en camino hacia la capital huilense.
Contrario a lo que se había anunciado, el área de extranjería del DAS Huila certificó que Ezequiel no salió del país. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido, ya que ni su familia ni las autoridades han tenido noticias de él, ni vivo ni muerto, a pesar de los esfuerzos realizados.
En cuanto al otro procesado, Wilson Faber Endo Quintero, inmediatamente después de la legalización del preacuerdo entre la Fiscalía y Rodolfo Useche González, el Juzgado procedió con la audiencia de instalación del juicio oral.
Según la Fiscalía, basándose en la evidencia física y los elementos probatorios, Endo Quintero era compañero de Useche González y Carlos Alberto Barreto Ruiz durante el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009. Barreto Ruiz desapareció en circunstancias similares a las de Ezequiel Martínez Lugo y posteriormente fue torturado y asesinado de dos disparos en la cabeza. Su cadáver fue encontrado varios días después en la rivera del río Magdalena, en la zona rural del municipio de Pitalito.
Este caso subraya no solo los peligros asociados al tráfico de drogas y la violencia que este conlleva, sino también las complejidades y desafíos en la búsqueda de justicia para las víctimas. A medida que la investigación continúa desarrollándose, surgen más preguntas que respuestas, dejando a una comunidad en busca de cierre y a una familia esperando justicia para su ser querido.
