Lo que el gobierno nacional llama «Ley de solidaridad sostenible» es simplemente una nueva reforma tributaria, de hecho es la tercera de esta administración, formalizada a través del proyecto de ley radicado el pasado 5 de abril, y que busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos.
Debemos reconocer que, así como funcionan las finanzas personales, funcionan las finanzas públicas: cuando los gastos aumentan, lo normal es buscar incrementar los ingresos o endeudarse. Es innegable que debido a la pandemia nuestra economía se ha afectado, por lo que se ha hecho necesario que el país gaste más recursos, pero tal nivel inesperado de gasto no puede sostenerse únicamente acrecentando la deuda, por lo que es indiscutible la necesidad de buscar más ingresos.
Sin embargo, esta búsqueda de recursos no puede desconocer la situación de la clase media, que es en donde se siente la presión de la propuesta del gobierno. Esta reforma tributaria, además de poner a más personas a declarar y a pagar renta, también va a terminar generando un incremento de los precios de los productos por cuenta de la extensión del IVA. Así, de aprobarse esta reforma, la clase media tendrá menos ingresos y productos más caros.
Dado el panorama nacional y la precaria reactivación económica, no es el momento de imponer nuevos nuevas cargas tributarias a la clase media y mucho menos sin revisar los huecos fiscales generados por las grandes exenciones y demás beneficios tributarios que fueron contemplados en la pasada reforma de 2019 impulsada por este gobierno. Más allá de la crisis de la pandemia, en dicha reforma puede encontrarse el origen inmediato del deterioro de la situación fiscal y los problemas económicos que está teniendo esta administración.
Por este motivo, la actual reforma tributaria no puede seguir adelante sin que se revisen y se discutan las desacertadas decisiones recientes en materia de política fiscal y el manejo macroeconómico de este gobierno que han hecho que la deuda pública de este país tenga uno de los aumentos porcentuales más altos, muy por encima del promedio de la región. La situación es tan seria y preocupante que varios analistas han considerado que de cada 100 pesos del recaudo que se llegara a lograr con esta reforma, 58 se destinarían al pago de la deuda. Es decir, no es tan cierto que esta reforma persiga exclusivamente unos fines solidarios y distributivos como han querido mostrarla a la opinión pública, también tiene como finalidad enmendar los propios errores causados por las medidas adoptadas por este gobierno.
En mi próxima columna, realizaré una lista de las medidas concretas contempladas en el articulado sobre los cuales tengo mayor reparo y por los que considero esta reforma altamente inconveniente para el país.
