Por: Diana Montes
En los últimos días se ha conocido el escándalo de corrupción que ha destapado el recientemente nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Se ha conocido que entre ex directores, autoridades locales y contratistas desviaban los recursos que debían ir destinados a la prevención, y atención de desastres. El principal salpicado ha sido el Presidente del Congreso de la República, el Senador Iván Name. Esto ha generado un terremoto político, pues provocó la renuncia de Antanas Mockus y Claudia López al Partido Verde.
En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la ley 1523 de 2012, contempla unas medidas especiales de contratación: cuando es declarada la calamidad pública, “se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares”, es decir, las autoridades estatales pueden contratar “a dedo”, por fuera de la ley 80 de 1993, debido a que éstos son por naturaleza muy demorados, y en estas situaciones de extrema urgencia se requiere inmediatez. Este sistema podría funcionar muy bien, si todos los participantes del sistema fueran honestos. Pero es bien sabido que la naturaleza humana es compleja, y no todas las personas lo son. Esta herramienta legal ha permitido pagar favores políticos en dinero a los amigos del gobierno y así, convertirse en la caja menor de los políticos de turno, pues es el que ha permitido un desfalco del que todavía no tenemos cifras exactas, porque se va a hacer una revisión de toda la contratación, desde el desastre de Mocoa hasta hoy.
Por supuesto que hay que apoyar la purga que está liderando el actual director Carlos Carrillo. Esa purga debería ser aplicada a todas las entidades estatales. Pero de nada sirve purgar si al final el motivo de la infección sigue vigente. Y el problema a atender es cerrar el boquete por el cual las autoridades locales declaran la calamidad pública por situaciones que no la requieren, de tal manera que no hagan la contratación a dedo cuando quieran; y además, se requiere que haya un control fiscal automático por parte de la Contraloría para identificar tempranamente actos de corrupción.
