Ernesto Cardoso Camacho
Otra demostración de que la política es dinámica por el protagonismo de sus actores la seguimos observando en los sucesos recientes. Así mismo, se comprueba una vez más que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, aunque la fragilidad institucional que hoy se percibe en Colombia la tiene claramente amenazada.
El pliego de cargos que ha sido estructurado por dos magistrados del C.N.E con ocasión de la indagación preliminar sobre los gastos electorales de la campaña presidencial, deberá ser discutido en la Sala Plena de tal organismo el cual está conformado por nueve integrantes; pero donde solamente intervendrán en su discusión ocho de ellos, en razón a que uno está suspendido en el ejercicio de su cargo. En aras de la objetividad conviene precisar que la indagación tiene indiscutible fundamento jurídico, dado que el C.N.E es de creación constitucional y además tiene competencia para exigir y revisar los gastos electorales causados en cada jornada democrática por los candidatos, partidos y campañas.
Esta precisión resulta ser indispensable pues el alboroto generado con el anuncio oficial de la existencia del pliego de cargos, elaborado por los dos magistrados conocidos, se anuncia en momentos en los cuales la polarización ha subido de tono, luego de las masivas machas callejeras y de los grandes escándalos de corrupción que se han desvelado en la Unidad de Atención y Prevención de Desastres, donde al parecer resultan involucrados funcionarios de dicha entidad pública, ministros, congresistas y altos funcionarios del gobierno Petro.
Al tiempo se conoce el llamado a declaración que la Corte Suprema de Justicia le hace a la exalcaldesa Claudia López, figura prominente del partido Alianza Verde, por los presuntos actos de corrupción con empresarios chinos por la adjudicación del metro de Bogotá, para financiar la campaña de su compañera sentimental la senadora Angélica Lozano. Esta información se conoce luego de la renuncia de la exalcaldesa junto el fundador de esa colectividad Antanas Mockus, motivadas por los comprometedores indicios que pesan contra miembros de ese partido en el escándalo escabroso de la Unidad de Riesgos y Desastres que tiene maltrecho al gobierno Petro, pero que todo indica ha sido saqueada desde su creación en el gobierno Santos.
Para completar el escenario de las tempestades políticas, el mismo día que se da a conocer la ponencia de los dos magistrados del C.N.E, el senador Cepeda anuncia que la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia llama a juicio al magistrado ponente Alvaro Hernán Prada; vinculado a la investigación y cercano juicio contra el expresidente Uribe; proceso penal cargado de interés ideológico, en el cual Uribe fue convertido de denunciante a victimario por el Magistrado Barceló en la Corte Suprema, a cuenta de ser el único dirigente de la llamada derecha que ha tenido el valor civil y la responsabilidad política de enfrentar el debate ideológico, agresivo y polarizante, derivado del proceso de paz de Santos.
Ahora se plantea con vociferante ruido, desde la voz del propio presidente Petro, que se ha iniciado con la ponencia de cargos el “golpe blando” de la derecha para sacarlo del poder, convocando de nuevo a las calles al pueblo para su defensa y apoyo, pues es su único jefe y llegará hasta donde el pueblo soberano y constituyente primario le indique, dando a entender que podría rebasar el período institucional para el que fuera electo.
El camino institucional y democrático es que actúe la Sala Plena del C.N.E acogiendo o rechazando la ponencia; pues de ser esta acogida, vendría la Fiscalía a ejercer su competencia en relación con los directivos y auditores de la campaña presidencial; al tiempo que la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, juez natural del Presidente permitiría a esta Comisión; decidir si acusa o no al Presidente Petro ante el Senado, bajo el cargo derivado del artículo 109 de la constitución, modificado por el acto legislativo 01 de 2003; el cual precisa que, “ …los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos…”.
Por el contrario, si la Sala Plena rechaza la ponencia, cesaría el ruido y la tempestad política volvería a sus cauces naturales en el Congreso y quizá en las calles, donde el ciudadano ejercería a plenitud su sagrado derecho democrático de expresar con libertad su opinión política.
No obstante, es evidente y doloroso que la dirigencia política que ejerce la representación popular padece un enorme desgaste y por tanto un rechazo rotundo de la inmensa mayoría de colombianos, por los niveles a los que han llegado la corrupción y la impunidad que se devoran sin piedad los cada vez más escasos recursos públicos.
En este escenario de aguda polarización política y de la desbordada corrupción, es que podría darse el llamado “golpe blando” pero del gobierno Petro contra la institucionalidad democrática plasmada en la actual constitución.
Pues es evidente que, con su innegable capacidad populista de agitador social tiene arrinconados a los dirigentes de la política tradicional; el juicio de alto contenido político contra el expresidente Uribe y de su alfil en el C.N.E; mas otros factores que están a la vista; se conjugan diversos elementos que reunidos en esta tempestad política, podría convertirla el presidente Petro en un tsunami que arrase con la frágil democracia institucional y el precario Estado Social de Derecho que nos rigen.
Existe un viejo dicho popular según el cual “ después de la tempestad llega la calma” pero en la política no es mucho lo que aplica, dado que en ocasiones como la presente, esta podría derivar en huracanes y aún en tsunamis, pues los egos y la soberbia humana son impredecibles.
