La Fiscalía ha anexado una denuncia presentada por el representante legal de EPS Sanitas a la investigación de oficio que está en curso sobre presuntas irregularidades en la intervención de la Superintendencia de Salud en la EPS. Esta acción busca esclarecer los posibles errores cometidos durante el proceso de intervención de dicha entidad.
La investigación se inició después de que expertos y funcionarios de la Procuraduría emitieran advertencias basadas en una denuncia que detallaba las supuestas irregularidades cometidas bajo la administración del actual superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Las acciones señaladas en la denuncia son consideradas ilegales y arbitrarias.
Juan David Riveros, abogado de Keralty, el holding empresarial propietario de EPS Sanitas, presentó la denuncia penal alegando que la medida de intervención contra la EPS fue ilegal. «Consideramos que el Superintendente estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida que, antes de estar en el cargo, hizo comentarios y tomó posiciones que demuestran la animadversión que tiene contra la EPS», afirmó Riveros.
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El representante de Keralty describió la medida como arbitraria, desproporcionada y discriminatoria, y explicó que esta percepción surgió desde que la Superintendencia de Salud intervino forzosamente a Sanitas.
En el desarrollo de la investigación, se están realizando las diligencias necesarias para identificar las posibles irregularidades. Esto incluye tomar declaraciones de funcionarios implicados y verificar la legislación aplicable para determinar si las acciones de la Superintendencia de Salud estuvieron en conformidad con la ley o si representaron un abuso de la función pública.
Además de la denuncia penal contra el superintendente Luis Carlos Leal, el abogado de Sanitas indicó que se emprenderán otras acciones legales para recuperar la administración de la EPS y evitar afectaciones a sus usuarios.
La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer los hechos y garantizar que cualquier irregularidad sea debidamente sancionada, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios de EPS Sanitas y asegurar la transparencia en la administración pública.
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