Ante la incertidumbre y preocupación generada por la controversia en torno a la adquisición de los vehículos bomberiles, la comunidad y los cuerpos de socorro del Huila exigen transparencia en el proceso y soluciones rápidas que garanticen la efectividad y seguridad en las operaciones de emergencia.
Diario del Huila, Primer Plano
Una millonaria compra de vehículos destinados a fortalecer los cuerpos de bomberos del Huila ha desencadenado una fuerte controversia en el departamento. El proyecto, adjudicado por el entonces secretario de Gobierno Andrés Mauricio Muñoz el 26 de octubre de 2023, fue diseñado en 2022 con financiación del Fondo de Regalías del Departamento y los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito, así como las instituciones de bomberos de Rivera y Garzón.
Seis vehículos tipo mini mula fueron adquiridos por valor de 726 millones de pesos cada uno, sumando un total de más de 4300 millones de pesos. Los municipios beneficiarios incluyen Neiva, Garzón, La Plata, Rivera, Campoalegre y Pitalito.
Sin embargo, casi cinco meses después, ha surgido una fuerte controversia debido a la insatisfacción de los organismos de socorro con el tipo de vehículos comprados. Tras varias reuniones entre el contratista, el cuerpo de Bomberos del Huila y la gobernación, se ha determinado que los vehículos no serán recibidos por los cuerpos de bomberos de los municipios involucrados.
Edison Fernández, delegado Departamental de los Cuerpos de Bomberos del Huila, expresó su descontento con la situación: “Nos sentimos insatisfechos porque el gobierno dice que ejecutará el contrato tal y como fue diseñado. Además, tenemos una preocupación porque los vehículos serán modificados en su estructura, y esto pone en riesgo la actividad bomberil y seguridad del personal”.
Fernández añadió: “No podemos recibir estos vehículos bajo estas condiciones, son tipo mini mula, donde ha indicado el contratista, que se le harán modificaciones al chasis principal anclado con tornillos extensión, y ahí adecuarlo. No son vehículos de bomberos especiales, debido a que no cuentan con las cualidades en lo que tiene que ver el desempeño y tripulaciones, exponiéndose a un accidente a futuro”.
Otro punto de controversia es que los vehículos ya están matriculados como tipo tracto camión, y se pretende volverlos compactos, lo cual va en contravía de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Esta situación ha generado preocupación entre los bomberos y autoridades locales, quienes temen que las modificaciones comprometidas afecten gravemente la funcionalidad y seguridad de los vehículos en operaciones de emergencia.
Ante estas presuntas anomalías en la adjudicación y ejecución del contrato, la procuraduría regional del Huila ha iniciado una investigación y ha solicitado a la Gobernación del Huila que documente todo lo relacionado con dicho contrato.
La comunidad y los organismos de socorro esperan respuestas claras y soluciones prontas para garantizar que los cuerpos de bomberos puedan contar con los recursos adecuados para su importante labor de salvaguardar vidas y bienes.
¿En qué va el proceso?
De acuerdo con Edgar Martín Lara, secretario de Gobierno Departamental del Huila, desde su posesión en el cargo en enero, se han realizado las acciones pertinentes para la suspensión temporal del millonario contrato de adquisición de vehículos bomberiles.
«Se elevaron diferentes consultas con asesores de la gobernación, pero hasta ahora ninguno ha alertado sobre situaciones que requieran una acción inmediata sobre el contrato. Estamos a la espera de una consulta muy importante: un concepto del Ministerio de Transporte sobre la viabilidad técnico-jurídica de la adaptación que se le va a hacer a los vehículos. Ese será el aporte fundamental que, junto con otros informes, nos permitirá buscar una solución a esta situación«, explicó Lara.
El secretario ha aprovechado este periodo de suspensión del contrato para recopilar información relevante, incluyendo informes del contratista y opiniones de los bomberos.
«Le pedí un informe al contratista y me he estado informando para poder decidir si continuamos con el contrato, si le hacemos una modificación o qué se va a hacer. Ha sido una tarea de mucha comunicación con los bomberos; conocemos los puntos de vista que ellos están manifestando. Estoy tratando de encontrar a las personas idóneas que puedan ayudarme a responder cada uno de los interrogantes«, añadió.
La prioridad del proceso, según Lara, es garantizar que los cuerpos de emergencia reciban los equipos necesarios para desempeñar sus labores de manera efectiva y segura. Para ello, se están evaluando todas las opciones, desde continuar con el contrato hasta realizar modificaciones necesarias.
«No es fácil; es un tema altamente complejo, que tiene que ver con el contrato, ya que este fija desde el punto de vista técnico lo que tiene que hacer el contratista. Esto limita nuestras posibilidades de actuación en el mismo contrato. Sin embargo, desde otro punto de vista, la experticia del contratista debió sugerirle al gobierno departamental la mejor opción que permitiera cumplir con esta tarea de que los carros fueran recibidos a satisfacción, tanto operativa como funcional y legalmente«, señaló Lara.
A pesar de la complejidad del proceso, Lara enfatiza que se está trabajando diligentemente para encontrar soluciones. Se ha llevado a cabo un seguimiento constante de la capacidad de respuesta de los organismos de socorro frente a emergencias, aunque encontrar soluciones no ha sido una tarea fácil.
Dónde están los vehículos
Los seis vehículos llegaron al almacén del Departamento, siendo solo los cabezotes de tractocamiones, sin los tanques de agua montados. Según el vocero de los bomberos, en su momento, se procedió a autorizar el pago del 40% restante del valor del contrato tras esta entrega, realizada el pasado 29 de diciembre de 2023.
«Prácticamente, en el último día hábil, recibieron esos vehículos. Al contratista, tengo entendido que ya le pagaron el 90%, y ni siquiera ha completado el montaje contra incendio, que incluye el sistema de iluminación, tanque, bomba, luces y perifoneo. Esta parte representa el 70% u 80% del vehículo», señaló el vocero.
Las tarjetas de propiedad de los vehículos no fueron expedidas a nombre de los Municipios ni de los cuerpos de bomberos destinatarios, sino que se emitieron a nombre de la Gobernación del Huila. «Los vehículos fueron matriculados a nombre de la Gobernación, cuando deberían haber sido matriculados a nombre de los beneficiarios, que son los cuerpos de bomberos. Además, fueron registrados como tractocamiones», agregó el vocero.
Este hecho ha generado preocupación y ha llamado la atención de la Procuraduría Regional del Huila, que ya ha requerido a la Gobernación del departamento para que entregue toda la documentación relacionada con la compra de los vehículos. El escándalo en torno a esta situación ha despertado una serie de interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso de adquisición.
