La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la estrategia de “Infundir terror” implementada por las Farc en las poblaciones de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño, sea reconocida como crimen de lesa humanidad dentro del marco del macrocaso 002.
La petición subraya que los delitos derivados de esta estrategia no fueron incidentes aislados, sino una parte fundamental de la política de control social y territorial del grupo guerrillero.
En su análisis de casi 4.000 hechos victimizantes, la Procuradora Delegada con Funciones de Intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, ha identificado la violencia reproductiva como uno de los crímenes más graves cometidos por las Farc. En su escrito de observaciones, Jiménez ha solicitado que se añada la imputación del crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos”, debido a los intensos sufrimientos infligidos a niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc, así como a los malos tratos intrafilas y agresiones contra la población civil víctima de la violencia reproductiva.
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El Ministerio Público también ha manifestado su preocupación por la forma en que la JEP ha analizado la autoría de los crímenes imputados. La Procuraduría considera que el análisis ha sido generalizado e idéntico para todos los máximos responsables seleccionados, sin observar de manera individual la contribución de cada mando en la comisión de las conductas criminales, con especial alarma en cuanto a las atribuciones por violencia sexual.
Así mismo, la Procuraduría ha resaltado las graves afectaciones contra los pueblos étnicos, indicando que estos actos no fueron incidentales, sino que constituyeron un patrón de violencia que puso en gran riesgo la pervivencia de las comunidades indígenas, un fenómeno denominado etnocidio.
Por último, la Procuraduría ha señalado la falta de atribución de daños medioambientales en la providencia de la JEP. Se ha enfatizado que la deforestación, alteración de ecosistemas y contaminación de fuentes de agua y suelos, como resultado del control, promoción y explotación de cultivos ilícitos por las Farc, han puesto en peligro la cohesión social y la estabilidad de las comunidades afectadas.
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