Los gremios empresariales y productivos del país han expresado su descontento con el desarrollo del Comité Nacional de Participación en el proceso de negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En un comunicado dirigido al Comité, los representantes de los gremios afirman que los documentos “Modelo para la Participación”, “Plan para la Participación” y las “Recomendaciones a la mesa de diálogo” no reflejan las opiniones y visiones previamente expresadas por los miembros del Comité.
Los gremios, que incluyen a Acolgen, Acm, la Andi, Acp, Asofiduciarias, Confecámaras y la Sac, señalan que el enfoque actual del Modelo y el Plan de Participación excede los objetivos originales del Comité y plantea cuestiones fundamentales sobre la democracia y el modelo de país, temas que no fueron objeto de discusión inicial.
«Expresamos nuestro desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al Modelo y al Plan de Participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacen parte del Comité, excede su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos, porque ese no era su propósito», señalaron los agremiados en el documento.
Preocupaciones sobre la participación ciudadana
Entre las inquietudes de los gremios se destaca la falta de claridad en el alcance del ejercicio de participación ciudadana, especialmente en territorios afectados por la violencia. Los gremios cuestionan cómo se garantizará una participación libre y sin presiones en zonas controladas por el ELN, donde persisten amenazas de extorsión y secuestro.
Además, los gremios expresaron su preocupación por el carácter vinculante que se atribuye a los resultados del proceso de participación. Temen que estas decisiones sean interpretadas como mandatos jurídicos, afectando la separación de poderes y el rol de la Corte Constitucional.
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«El Comité Nacional de Participación debe determinar metodologías para que haya una participación eficiente, su propósito nunca fue determinar una agenda. Esto excede sus competencias, y genera un serio manto de duda sobre la legitimidad de una participación a la cual se hace concurrir a la sociedad, pues un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales», agregaron.
Otro punto de controversia es el apartado titulado “Ejes temáticos de las transformaciones” del documento «Modelo para la Participación». Los gremios argumentan que este apartado intenta legitimar temas que requieren aprobación legislativa o revisión constitucional, lo cual está fuera del ámbito del Comité de Participación.
«La inclusión de temas que requieren la aprobación del Congreso y, en ciertos casos específicos, la revisión de la Corte Constitucional, excede el alcance de la definición de un modelo de participación alrededor de un proceso de negociación con un grupo insurgente y criminal», explicaron.
Ante estas preocupaciones, los gremios han solicitado que se aclaren todas las dudas antes de someter a consideración y aprobación el Plan y Modelo de Participación. Destacan la necesidad de definir cómo se realizarán las adecuaciones institucionales para implementar las propuestas de transformación y la adopción del denominado Acuerdo Nacional.
La situación actual genera un debate crucial sobre la inclusión y legitimidad de los procesos de participación en el marco de las negociaciones de paz, evidenciando la necesidad de un diálogo más inclusivo y representativo de todos los sectores involucrados.
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