Desde que se posesionó el actual primer mandatario de los colombianos, planteó al país la sana intencionalidad para buscar el sendero de la paz total con todos los actores generadores de violencia en el país, lo cual generó grandes ilusiones en la sociedad porque en nuestro territorio se ha venido presentando una desbordada violencia de estos actores armados, quienes han roto la confianza que les ha brindado el Estado, al tenderles la mano para que se reinserten a la civilidad colombiana. Pero dentro de ese conjunto de medidas que adoptó el gobierno nacional, de debilitar progresivamente a la fuerza pública y al ejército nacional, que, junto con el error histórico de retirar más de 50 generales, que siempre han logrado éxitos militares desde tiempos pretéritos. Igualmente permitir que los cultivos de sustancias psicoactivas se sigan desarrollando, cuya producción se acerca peligrosamente a las 300 mil hectáreas, se convirtió en el material comburente para desestabilizar en dichas regiones productoras, las instituciones democráticas.

Inclusive, estas organizaciones narcoterroristas han consolidado su dominio territorial en algunas regiones del país, donde la población se encuentra sometida a la voluntad de éstos, porque la autoridad ha sido desplazada y relegada en sus municipios, con la anuencia del gobierno nacional. De nada han servido las mesas de dialogo que se han instalado en la Habana, en Caracas y otros sitios del país, porque con la pérdida del control gubernamental, se han venido incrementando y fortaleciendo la criminalidad en el país. Y cuando se presentan esos hechos de alteración del orden público durante los últimos meses, y que el lunes anterior, se rebosó la copa, con los ataques terroristas y salvajes a la estación de policía del municipio de Morales Cauca, en Jamundí y Dagua en el departamento del Valle, el país, volvió a revivir esos estados de violencia, que no se habían vuelto a presentar desde hace cinco lustros. La Fuerza Pública y la población civil, fueron atacados demencialmente por estas organizaciones narcoterroristas.

Mientras permanecen en tierra 18 helicópteros y algunos aviones por falta de mantenimiento y algunos aviones, que en otrora fueron el arma más temible de estas organizaciones delincuenciales, como si fuera a propósito que el gobierno nacional adoptara estas decisiones gubernamentales, que han colocado en desventaja al aparato armado del Estado. Se puede inferir, lo cual es risible, desde el Palacio de Nariño les ha ordenado tajantemente a la aviación el bombardeo de sus instalaciones donde se encuentran estas organizaciones narcoterroristas, porque se puede inferir que los pilotos deben bajar primero a pedirles la cédula de ciudadanía, para luego bombardearlos, con el fin de evitar la muerte de menores de edad. Ahora, que el gobierno nacional, ha vuelto a tomar la decisión de contrarrestar y combatir por fin a estas estructuras delincuenciales, éstas le han cogido mucha ventaja.