Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Desde el año anterior, en esta columna que se publica semanalmente en esta tribuna de opinión, se ha venido afirmando que las finanzas públicas del gobierno nacional podían verse amenazadas en el corto y mediano plazo, por las medidas alcabaleras que tomó el gobierno nacional, una vez inició su periodo presidencial, el actual primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Vuelvo y quiero ser reiterativo, que la presente columna, no busca hacerle oposición al gobierno nacional. Como académico universitario y analista económico, he venido observando que el primer error histórico, que cometió fue la presentación de una reforma tributaria, donde nos vendieron la idea que solo iba a afectar a los ricos del país. Craso error. Un aumento de la estructura tributaria para las grandes empresas, necesariamente la sociedad colombiana en su conjunto terminaba pagándola. Un ejemplo, muy sencillo. Si a los propietarios de los molinos de arroz, les incrementaban los impuestos, éstos tomaban la decisión de aumentarle el precio a la libra de este vital alimento para las familias, que terminaban sufragando estos incrementos, inclusive, pagaban el impuesto y aumentaban sus ganancias. Así lo hicieron todos los empresarios del país.
Igualmente, con el aumento mensual durante 16 meses del precio del galón de la gasolina que provocó un incremento de $9.160 a $15.900, generando un proceso de empobrecimiento a todas familias colombianas, que han incidido para que el consumo (representa el 62% del PIB), se vea afectado y con ello un aumento de la crisis económica que están padeciendo las familias colombianas. Igualmente, se presentó una escalada de subida de precios de otros bienes y servicios en la canasta familiar, el año anterior. Lo anterior, provocó una disminución de las ventas del comercio, declive en la producción del sector manufacturero, disminución de las ventas de vehículos, viviendas y disminución de la inversión extranjera, entre otros renglones de la economía colombiana, que han provocado una disminución de los ingresos fiscales de la Nación, como lo ha expresado recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Por este motivo, el anuncio del presidente de la República el viernes anterior, que, si no le aprueban en el legislativo, el incremento de la deuda externa en 17 mil millones de dólares (78 billones de pesos), para financiar la fronda burocrática y la inversión pública del país, se vería abocado de hacer un cese de pagos de la deuda externa o en su defecto Decretar una emergencia económica. Algo absurdo para la salud de las finanzas públicas nacionales. Algunos expertos han afirmado que, a pesar de la baja ejecución del Gobierno, el gasto está creciendo 22% mientras los ingresos sólo aumentan 4%, así no hay cuentas que cuadren.
Es preocupante que el gasto del Gobierno se haya aumentado de manera tan desproporcionada cuando paradójicamente la ejecución se ha mostrado tan pobre. No conocen la palabra “Austeridad”. Han sido botaratas. La caja está floja. El presupuesto general de la Nación, aumento de $423 billones en la vigencia anterior a $502 billones para 2024. Igualmente, la creación del Ministerio de la Igualdad, que no ha despegado, y que solo se ha dedicado a pagarles los exorbitantes salarios a sus 776 funcionarios, que duplica funciones con otras entidades del Estado y que, para colmo de males, su Decreto de creación lo declaró inexequible la Corte Constitucional. Así como se encuentra en crisis, las finanzas nacionales, hay necesidad de que el Gobierno Nacional sea consecuente y realista. Se deben reducir los gastos improductivos, el derroche de los dineros en las entidades como ha venido ocurriendo, no prometer subsidios que no se puedan pagar, entre otras medidas que se deben adoptar para bajarle presión al déficit que presentan actualmente.
