Se siente un ambiente político en el país, bastante polarizado por las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva de convocar a una Constituyente sin seguir con el trámite legal, establecido en la Constitución Política Nacional, aprovechando lo esbozado en un párrafo del Acuerdo de Paz firmado por las Farc y el presidente Juan Manuel Santos. Es tal el desespero del presidente Gustavo Petro Urrego para buscar los caminos expeditos para convocar esta reforma constitucional como lo ha venido planteando en su discursiva ante los sectores sociales durante el presente año. A pesar de ser insistente con esta iniciativa, no cuenta con el suficiente respaldo popular, para perpetuarse en el poder, así lo niegue. Pero cada día se confirma su deseo, dado su actuar gubernamental. Algo absurdo y otra salida en falso de las muchas a que nos tienen acostumbrados. Deben aterrizar a la realidad y dejar de pensar en la vida del universo como lo ha expresado anteriormente. Totalmente descontextualizado.
Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar. Todos los expresidentes de Colombia, que actualmente sobreviven, se unieron en un No rotundo a una convocatoria de una constituyente a través del Acuerdo de Paz. Todos los medios de comunicación y las redes sociales han salido al paso de esta idea gubernamental salida del contexto legal. Con las muy profundas diferencias ideológicas existentes de estos ex primeros mandatarios de Colombia, la propuesta de abrir una puerta para buscar una constituyente a través del Acuerdo de Paz logró un hecho político inédito en la historia reciente: unir en un mismo bloque a los expresidentes de Colombia. Todos sabemos, que no se puede utilizar el Acuerdo de Paz con las Farc, para convocar este esperpento popular que es un absurdo. Precisamente fue una de las líneas rojas que mantuvieron los delegados del gobierno y de las Farc, cuando se debatió el contenido de este pacto. La teoría de que el Acuerdo puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico porque en los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc.
Consideramos que el gobierno nacional debe dedicarse mejor, a estructurar estrategias durante los últimos dos años y dos meses que le quedan de gobierno para enderezar su accionar gubernamental, que hasta la fecha ha sido nefasto para el bienestar de la sociedad colombiana. Una desbordada alteración del orden público, inseguridad ciudadana, corrupción administrativa, masacres, asesinatos, secuestros, taponamientos a granel, aumento progresivo de la pobreza, negligencia administrativa para atender los grandes problemas sociales y económicos en las regiones y la abultada crisis de las finanzas públicas nacionales, que tienen en jaque la financiación del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, entre otras graves problemáticas, que están corroyendo el bienestar general de las familias colombianas.