Casi todas las actividades económicas en el país se sienten amenazadas por las bandas criminales que están utilizando métodos de presión para extorsionar a las personas naturales y al sector productivo, quienes son sometidas a la intimidación y a las amenazas terroristas, sino acceden a sus peticiones delincuenciales. Desde la bien estructurada oficina de la Dian que de manera ilegal han creado en las montañas, los obligan a subir para entregar fuertes sumas de dinero, a pesar de los ingentes esfuerzos que realizan las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública, que busca contrarrestarlos. Pero la orden presidencial de no salir a la ofensiva de estas estructuras subversivas genera impotencia en el Estado para contrarrestar este actuar de estas organizaciones, que se pavonean libremente en las zonas rurales y urbanas de algunos municipios, con la anuencia del gobierno nacional.
Algunos docentes de las instituciones educativas rurales, vendedores ambulantes, dueños de tiendas, agricultores y ganaderos, transportadores, y toda persona natural que ejerza cualquier actividad productiva, son obligados a la fuerza para contribuir con el impuesto a la guerra. Y el Huila no es la excepción. La mayoría de los establecimientos comerciales en varios municipios y propietarios de fincas y predios rurales, están pagando vacunas extorsivas. Es muy triste observar que un simple vendedor de cuajada o de dulces, están siendo sujetos de estas bandas criminales, que día tras día, está generando zozobra y pánico entre las familias huilenses.
Hay que reconocerle el liderazgo del Gobernador Rodrigo Villalba, que, junto con el sector gremial del departamento, están pidiendo a gritos un mayor fortalecimiento de los organismos de seguridad en este territorio. Desafortunadamente, el gobierno nacional parece que hace oídos sordos al clamor de las fuerzas vivas de las regiones. Ese es el reflejo de lo que estamos viviendo. Son situaciones que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado. Parece que el primer mandatario de los colombianos estuviera viviendo en el cosmos o en el universo. Consideramos que debe aterrizar en la tierra. Las familias se encuentran indefensas e inermes de los ataques de estas organizaciones criminales.
No podemos seguir pensando en la nebulosa para mirar si se convoca una Constituyente o un referéndum modificar la Carta Magna de la República, que le permita continuar en el poder presidencial. El gobierno nacional conoce de antemano que es absurdo e inviable a la luz de la constitucionalidad colombiana. El constituyente está hastiado de su accionar gubernamental. La izquierda perdió el mejor momento histórico para estructurar políticas públicas que condujeran a mejorar el nivel de vida de la sociedad. Los resultados a 26 meses de terminar su periodo presidencial han sido un desastre. El país está en crisis, así no lo quieran reconocer sus áulicos que están sufriendo sus efectos negativos, pero que todavía siguen esperando que esto cambie.