Jaime Felipe Lozada
Hace tan solo algunas semanas, y en este mismo espacio, escribí una columna titulada: Petro y su constituyente, en la cual advertí sobre los peligros de dicha iniciativa y del interés del presidente de la República de buscar su reelección resquebrajando el Estado de derecho y minando nuestra institucionalidad. Ese temor, que para algunos resultaba infundado, en días anteriores retomó nuevos y más fuertes aires cuando la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quitándose la máscara, destapó las intenciones de un amplio sector de su partido e hizo un llamado frontal e irracional en busca de la constituyente y de la reelección inmediata de su mesías, el Dr. Petro. A esa voz díscola de la senadora Zuleta, se le sumaron la del excanciller, abogado y defensor a ultranza de las Farc Álvaro Leyva, y la del oscuro exfiscal Eduardo Montealegre, quienes sin resquemor ni vergüenza alguna le anunciaron al país en varios medios de comunicación que la constituyente promovida por su jefe no solo es necesaria, sino que podía ser convocada vía decreto, debido a que en los Acuerdos de Paz de La Habana esa puerta había quedado abierta; argumento que es falso, tanto así que el jefe negociador de dicho acuerdo y hoy senador Humberto de la Calle y el mismo expresidente Santos salieron a desmentir y a oponerse a esa posibilidad, traída de los cabellos.
Petro ha fundamentado su ejercicio político en la polarización y la división y el llamado a una constituyente agitando las masas y desconociendo la separación de poderes, el cual es pilar fundamental de las democracias. Muestra fehaciente de ello, es su inquina por las instituciones y el desprecio que siente por los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución, haciéndole un grave daño al país y profundizando el estado de nerviosismo y pesimismo que vivimos en Colombia. Ahora más que nunca, tenemos la necesidad de más democracia, de mejores hombres y de más robustas instituciones en este valle de lágrimas llamado Colombia.
Si Gustavo Petro y sus más recalcitrantes seguidores siguen con la obtusa y peligrosa idea de convocar una constituyente y promover su reelección, desafiando al Congreso y a la Corte, e ignorando lo dispuesto en el artículo 376 de nuestra Constitución, seremos, entonces, la gran mayoría de los colombianos, junto con el poder legislativo, el poder judicial y las Fuerzas Armadas, quienes tendremos la suma responsabilidad de hacer preservar, cueste lo que cueste, el Estado social de derecho y la Patria misma.
