La Procuraduría General de la Nación ha ordenado iniciar una indagación previa contra funcionarios por determinar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, en relación con presuntas irregularidades en dos contratos suscritos entre la entidad y el Ejército Nacional.
Los contratos en cuestión tenían como objetivo la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.
La Regional de Instrucción de Cundinamarca recibió informes sobre una posible pérdida de recursos debido a la suspensión de la construcción de 36 casas, las cuales debían ser entregadas dentro de los nueve meses posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.
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Además, el Ministerio Público ha señalado que las obras se suspendieron en agosto, los contratos expiraron y no hay claridad sobre la utilización de los anticipos realizados en 2019 y 2021 por un monto superior a $2.000 millones. Esta situación ha provocado la imposición de multas y el inicio de procesos sancionatorios por incumplimientos parciales.
La actuación disciplinaria iniciada por la Procuraduría tiene como objetivo determinar si hubo conductas constitutivas de falta disciplinaria y establecer si los implicados actuaron bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
Este proceso es parte de los procesos la Procuraduría para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
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