La Contraloría General de la República (CGR) ha ordenado la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $1.624 millones debido a pagos dobles y triples que se realizaron erróneamente el 24 de noviembre de 2023 a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación).
Estos pagos afectaron a 180.715 funcionarios públicos en todo el país. En este proceso han sido vinculados como presuntos responsables el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el Viceministro General, Diego Alejandro Guevara Castañeda, y otros cinco funcionarios de la misma cartera.
La decisión fue adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, específicamente a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1. Además, se ha vinculado a cuatro compañías aseguradoras como terceros civilmente responsables para garantizar la restitución del daño causado.
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El origen de este proceso se encuentra en la información divulgada por el Ministerio de Hacienda y diferentes medios de comunicación, donde el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, informó sobre los pagos adicionales realizados a varios servidores públicos mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación). Estos pagos indebidos sumaron más de medio billón de pesos ($665.377.015.937,85), resultando en erogaciones de hasta tres veces la asignación correspondiente.
La CGR inició una indagación preliminar de inmediato para esclarecer las circunstancias de estos pagos indebidos y evitar un detrimento patrimonial. Durante esta indagación, se efectuó un seguimiento minucioso a los recursos que fueron regresando al Tesoro Público mediante reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros mecanismos. Hasta la fecha, se han recuperado $663.755.200.394, dejando un saldo pendiente de $1.624.181.986,4, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros aplicado por una entidad bancaria.
El Ministerio de Hacienda ha argumentado que parte de este saldo es de difícil cobro, ya que varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retiro, inactivos, fallecidos o embargados.
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