Por: Juanita Tovar
El 15 de enero de 2025 deberá posesionarse la persona que reemplazará a Margarita Cabello. El Senado de la República será el encargado de elegir al próximo Procurador o Procuradora General de la Nación, con una terna compuesta por un candidato del presidente Gustavo Petro, otro de la Corte Suprema de Justicia y un tercer integrante que debe ser propuesto por el Consejo de Estado.
Las instituciones de control han enfrentado desafíos considerables, especialmente por la corrupción. La propuesta del presidente Gustavo Petro de eliminar la Procuraduría, aunque polémica, plantea la necesidad urgente de evaluar críticamente el papel y funcionamiento de esta institución en el contexto actual. Aunque ha sido criticada por politización y falta de estabilidad, la Procuraduría desempeña un papel crucial en el control disciplinario de los funcionarios públicos, una función fundamental e independiente para prevenir abusos.
También han sido muy criticados algunos delegados de la Procuraduría ante diversas instancias institucionales, así como sus líderes, quienes muchas veces se han visto como fichas políticas sin la estabilidad necesaria para cumplir efectivamente con su rol. No obstante, la institución juega un papel vital en el sistema de control social post-1991, al igual que la Contraloría y la Fiscalía, instituciones que han evolucionado para convertirse en pilares del poder y control ciudadano en Colombia.
La dinámica social y los cambios constitucionales sucesivos han traído consigo una serie de crisis e incidentes que han socavado la integridad de estas instituciones. Muchos contralores y otros funcionarios han sido enjuiciados o encarcelados por corrupción, lo que ha alimentado la percepción de que estas entidades, concebidas para proteger los intereses públicos, han sido permeadas por los mismos males que intentan erradicar. La propuesta de abolir la Procuraduría, si bien refleja un intento por reformar y renovar las estructuras institucionales, plantea el riesgo de dejar un vacío con efectos irreparables en el sistema de control disciplinario del país.
El caso del extinto DAS es ilustrativo en este sentido. Este organismo, saturado por prácticas corruptas e ilegales, fue finalmente liquidado, resultando en la pérdida de una capacidad crucial de inteligencia para el gobierno colombiano. Este episodio subraya la importancia de abordar las fallas institucionales con prudencia y un enfoque integral que no comprometa la estabilidad y la efectividad de las funciones gubernamentales esenciales.
En este contexto, la reflexión sobre el papel de la Procuraduría no debe limitarse al debate superficial sobre su abolición, sino que debe considerar cuidadosamente las consecuencias a largo plazo de tal medida. Por eso es tan importante elegir al próximo Procurador o Procuradora no basándose en lo que signifique políticamente esa persona, sino en su propuesta y capacidad para que esta entidad ejerza un verdadero control preventivo frente a la descarada corrupción del país.
En este momento estarían calentando motores Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, candidato que agrada en la Corte Suprema pero no gusta mucho en el Gobierno de Petro; el exsenador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, con el cual pasa lo mismo; y, contrario a ellos, hay dos candidatos que le gustan mucho, tanto a la Corte Suprema como al presidente Gustavo Petro. Ellos son la abogada Mónica Cifuentes, quien ha trabajado en la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el exvicefiscal huilense Jorge Perdomo, quien goza también de esta preferencia.
Quedan dos personas que suenan para ser ternadas por el presidente Petro, se trata de Humberto Sierra Porto, exmagistrado y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y el abogado del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Héctor Carvajal, quien recientemente presentó una solicitud para que se anulara el proceso contra el presidente de la República por presunta financiación de campaña con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos, y quien además pidió que no se le formularan pliegos de cargos. Solo queda por saber quiénes estarían detrás de ser ternados por el Consejo de Estado, los magistrados aún guardan el secreto, pero solo me adelantaron que suena mucho una mujer.
Lo cierto es que la elección del próximo Procurador o Procuradora dependerá de la temperatura del país, que definirá si esta cartera la asume el más o el menos petrista. En resumen, la transformación de la estructura de los órganos del Estado colombiano desde 1991 refleja un intento audaz y necesario de adaptar las instituciones a las demandas cambiantes de la sociedad y los desafíos internos y externos que enfrenta el país. Por eso es tan importante el papel que, en un gobierno como el de Gustavo Petro, desempeñará el próximo Procurador o Procuradora General de la Nación.
