A raíz del conflicto armado, los grupos de disidencias, afectan a los indígenas, quienes han sufrido desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento de menores de edad, por ende esperan hacer control del territorio, y piden que no los involucren en estos hechos de violencia.
Frente al reclutamiento de menores de edad, por los ‘actores’ armados, van cerca de 30 en el departamento del Huila y 14 comuneros han recibido amenazas.
‘Lupa’ a los acuerdos con el Gobierno
En lo relacionado a los acuerdos firmados el 17 de junio del 2023, entre representantes del Gobierno Nacional y la comunidad indígena, quienes protestaron debido a los incumplimientos, incluso cerraron la vía en el puente El Pescador en el municipio de Hobo.
La manifestación fue disuelta, gracias a las reuniones sostenidas con delegados estatales y la mediación de la Gobernación del Huila.
En relación a este hecho, Bernardino Mensa, consejero político y representante del Consejo Regional Indígena, señaló. “Nosotros permanecemos en minga permanente, la cual tiene dos escenarios, uno el camino hacia los territorios para hacer los preparativos, y el segundo hecho, es que vamos a ir a Bogotá con el objetivo de revisar con las entidades que no se reunieron con mi pueblo, y con los que hicieron parte del acuerdo, para hacerle seguimiento a lo firmado”.
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Nueve instituciones no se reunieron
Y en cuanto a los ministerios y agencias, que no se reunieron con los comuneros, esto dijo el líder, “en total nos falta dialogar con nueve de estas instituciones, entre ellos se encuentra el Ministerio del Deporte, Vivienda, entre otros, por lo anterior vamos a viajar a Bogotá para dialogar con ellos y lograr los objetivos”.
Y con las entidades que tuvieron la oportunidad de conversar, analizó los pactos ya firmados e hicieron el seguimiento a los ‘puntos’ que no han avanzado y realizaron una ruta de compromiso para encaminar los planes.
“En este momento, tenemos una agenda integral, en el marco del plan de pervivencia con todos los ministerios, y las necesidades son muchas, pero de manera específica, por ejemplo en el tema territorial, vivienda, educación, salud, economías propias, vías terciarias”, destacó el vocero.
En este orden de ideas, el consejero dijo que están acompañando al gobierno del presidente de Gustavo Pero, “porque es un gobierno del cambio, pero unos ministerios y agencias, no están cumpliendo las directrices estatales, por eso el diálogo ha sido con los encargados de estas dependencias, con viceministros y directores, hay muchos obstáculos que no permiten avanzar en el desarrollo de los proyectos”, dijo el consejero.
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Los violentos los asedian
Ya en lo concerniente a los hechos de violencia que afectan a la comunidad indígena del Huila, este medio de comunicación logró conocer que son asediados de manera constante por los grupos al margen de la ley.
Han sufrido desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento de menores de edad, por ende esperan hacer control territorial, y piden que no los involucren en estos hechos de violencia.
Unas instituciones quienes les hacen acompañamiento para que no le sean vulnerados sus derechos, han expresado que varios grupos de disidencias, se encuentran en sus territorios.
Posibles bombardeos a campamentos
Y ante la posibilidad que las Fuerzas Militares, bombardeen campamentos de grupos de disidentes, es importante que prime el diálogo.
Y frente al reclutamiento de menores de edad, por los ‘actores’ armados, van cerca de 30 casos y 14 comuneros han recibido amenazas en su contra, señalaron las autoridades.
Sin desconocer que el Huila, es un ‘corredor’ estratégico para los grupos al margen de la ley.
¿Reclutamientos de niños indígenas?
En relación a este caso, Carlos Ernesto Camargo Assis, en su momento defensor del Pueblo en noviembre de 2023, denunció: “en carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, le manifiesto mi preocupación, porque los grupos armados ilegales, siguen con la práctica de reclutamiento de menores, particularmente contra niños de comunidades indígenas. Por ejemplo en el Resguardo Indígena Nasa-Huila de Río Negro, Íquira, el Frente Ismael Ruiz, habría reclutado por lo menos seis infantes de esa comunidad”.
De los casos reportados a la entidad, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3%, a niñas y ‘jovencitas’, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
En relación a este problemática, Bernardino Mensa, del Consejo Regional Indígena del Huila, manifestó: “los territorios indígenas vivimos una situación compleja con presencia de diferentes actores armados, que desarmonizan el territorio y la convivencia de los pueblos ancestrales”.
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Panorama nacional
Y es que según Human Rights Watch, Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se formó en los años sesenta; más de 30 “disidencias” que surgieron de la desmovilización de las FARC ocurrida en 2017; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se formaron a partir de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de 2000 y que también son conocidas como “Clan del Golfo”. Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales.
Los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles. En 2023, los reportes sobre reclutamiento infantil y secuestros aumentaron. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados.
El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como “confinamiento”.
Violencia latente
Y es que entre enero y finales de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó 52 “masacres”, un término definido como el asesinato intencional de tres o más civiles en un solo incidente.
En el departamento de Nariño, los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas Awá, que también sufren amenazas, confinamiento, secuestros y asesinatos.
En el departamento del Cauca, los indígenas Nasa que se oponen a los abusos cometidos por grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, han dejado más de 6.500 personas desplazadas o confinadas.
Y en el norte del Cauca, departamento ubicado en el suroeste de Colombia, viven varios grupos indígenas que han sido testigos excepcionales de la violencia por parte de organizaciones al margen de la ley y de la poca presencia estatal. Esta violencia se ha agudizado en 2024, tras el asesinato de Carmelina Yule, el 16 de marzo. Este hecho cambió el rumbo de los acercamientos entre el Gobierno colombiano, encabezado por el mandatario Gustavo Petro, y varios grupos irregulares.
Este año, esta región colombiana, ha sido el escenario de un incremento de la violencia, que se ha traducido en homicidios, reclutamientos, secuestros, hallazgos de artefactos explosivos y desapariciones, según el informe sobre Desarmonías Territoriales. Toda esta degradación de la seguridad tiene lugar en el marco del incremento de los cultivos ilícitos en el territorio.
