Según el órgano de control, los exfuncionarios habrían mostrado un comportamiento contrario a los fines del Estado, “como es el de servir a la comunidad en pro de mejorar su bienestar social y calidad de vida”, así como el de garantizar a futuro el suministro de agua a la ciudadanía en general.
Por esos hechos, la entidad investigativa, calificó la aparente conducta de los tres exmandatarios locales como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Investigan a exfuncionarios
Al respecto, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a dos exalcaldes de municipios del Huila y uno de Cauca por una aparente omisión en sus funciones, al no adoptar las medidas necesarias para conservar y proteger los recursos hídricos que surten los acueductos de sus jurisdicciones.
La medida afectó a los entonces mandatarios de los municipios huilenses de El Pital, Hugo Ferney Casanova y de Gigante, César Germán Roa Trujillo, así como de Páez, en Cauca, Dubán Arbey Velasco, quienes desempeñaron sus cargos entre los años 2020 y 2023.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón los investiga porque al parecer en el año 2022, no cumplieron con lo establecido en la ley de protección del medio ambiente (Ley 99 de 1993), que ordena a los mandatarios locales destinar un porcentaje de los ingresos corrientes en la compra y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, que surten de agua a los acueductos municipales. En total, en los tres municipios se habrían dejado de invertir un poco más de 100 millones de pesos.
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Mejorar bienestar social
Para el órgano de control, los exfuncionarios habrían mostrado un comportamiento contrario a los fines del Estado, “como es el de servir a la comunidad en pro de mejorar su bienestar social y calidad de vida”, así como el de garantizar a futuro el suministro de agua a la ciudadanía en general.
Por esos hechos, el ente, calificó la aparente conducta de los tres exmandatarios locales como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Gobernantes en la ‘lupa’ por hacinamiento
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, requirió a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata un informe detallado sobre las acciones planteadas en sus respectivos planes de desarrollo para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria de sus jurisdicciones.
Así lo solicitó la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a los mandatarios regionales, durante una mesa de trabajo en la que se analizó la situación penitenciaria del departamento, tras el intento de fuga registrado en el centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio Alpina de la comuna seis de Neiva.
En la reunión, el órgano de control también solicitó a los mandatarios indicar los recursos destinados para el mejoramiento o restructuración de las sedes, donde permanecen las personas privadas de la libertad, o en su defecto para comprar o arrendar inmuebles que permitan su reubicación.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó a los directores de las cárceles de esos municipios adoptar las medidas pertinentes que les permita recibir a quienes ya se encuentran condenados y aún permanecen en las estaciones de Policía o centros transitorios, pues esa medida permitiría reducir el hacinamiento que se registra en la actualidad.
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Por el intento de fuga
Esta medida se da con relación al intento de fuga, registrado en el centro de reclusión transitorio ubicado en la comuna seis de Neiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de la capital del Huila, en desarrollo de una acción preventiva, pidió al alcalde de la ciudad, Germán Casagua, informar las medidas tomadas en los últimos días para garantizar el orden en esas instalaciones, ante la posibilidad de un nuevo amotinamiento.
Igualmente, requirió informar las acciones emprendidas para verificar el buen estado de la alimentación suministrada a la población privada de la libertad (PPL) en ese centro, ante las quejas conocidas sobre las malas condiciones de la comida que se está brindando.
En la actualidad hay 340 personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria, ‘Bodegas de Alpina’, que tiene una capacidad aproximada para 200 o 230 personas. Esta problemática afecta de manera directa a los custodios y a los detenidos. Ya los familiares de este último grupo poblacional, han venido denunciando esta situación, que no parece tener una pronta salida.
Esta ‘carceleta’, se encuentra ubicada en la calle 2 sur con carrera 11 de la capital opita.
Problemáticas que perjudican a detenidos
Ya en lo concerniente a la crítica situación carcelaria, Andrés Bastidas, personero de Neiva, expresó: “son varias situaciones que de manera cotidiana, vienen desmejorando e inquietando, tanto a las personas que están allí recluidas, como a sus familiares, la principal es el hacinamiento. Estos días hubo críticas por la mala alimentación, las condiciones de salubridad y los procesos judiciales que son bastante tardíos, a nivel ya de la actuación, no se logran dar en términos hábiles. Sí el sistema está colapsado, el proceso lo determina la autoridad competente en este caso un juez”.
Los familiares de los reos, han denunciado las condiciones infrahumanas, en las que vive la población carcelaria de Neiva y el Huila.
“Esta situación no solo le corresponde en este caso al municipio de Neiva, sino al Gobierno Nacional, pues es común esta problemática en los distintos sitios del país, por ende vamos a continuar desarrollando las Mesas Penitenciarias Municipales, que ha sido el instrumento a través del cual le hemos hecho seguimiento a este tipo de problemáticas”, recalcó el profesional del derecho.
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El hacinamiento un ‘dolor de cabeza’
Al respecto, la problemática que más afecta a la población penitenciaria, es el hacinamiento.
“Sí desde luego es una situación lamentable para todas las autoridades. Me reportan un total de 340 personas detenidas en las antiguas bodegas de Alpina en este centro de atención, estamos hablando que es un espacio con una capacidad aproximada para 200 y 230. Estamos llegando a una sobreocupación cercana al 100%”.
Cabe recordar que otra situación crítica, es el contagio de tuberculosis que padecen los detenidos, incluso ya hay internos que han perdido la vida, como ocurrió en enero del presente año con Maicol Yorbin Buendía Serrano, quien se encontraba privado de la libertad, tuvo complicaciones de salud, luego de que contrajera tuberculosis. Posteriormente, el 3 de enero del año en curso, esta persona fue trasladada a la Clínica Uros, donde su estado de salud se agravó y tres días más tarde murió.
Igual ‘suerte’ vivió Oswaldo Jiménez Buriticá, un hombre de 30 años, quien se convirtió en la segunda víctima mortal que deja el Centro de Detención Transitorio, ubicado en las antiguas bodegas de Alpina. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún bajo investigación, ha generado consternación y cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el acceso a atención médica dentro de estas instalaciones.
Y desde el pasado 12 de febrero del año en curso, el Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes cárceles de Colombia.
