La Defensoría del Pueblo ha emprendido un estudio detallado a través de su Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, con el objetivo de analizar las implicaciones del cierre terrestre de la frontera colombo-panameña en el Tapón del Darién.
Este análisis, enfocado en la vulneración de derechos humanos, se centra en los municipios de Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá en Antioquia, así como en Acandí y Unguía en Chocó, que conforman la subregión del Urabá-Darién, hogar de aproximadamente 480.000 habitantes según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El modelo analítico prospectivo de la Defensoría proyecta que, si los cierres fronterizos provocan que entre un 10% y un 20% de la población migrante permanezca en la subregión del Urabá-Darién, en un período de seis meses a un año, los municipios con mayor incremento poblacional serían San Juan de Urabá, con un aumento de 5713 personas (2.9%), Arboletes con 3400 (2.0%) y San Pedro de Urabá con 3230 (1.9%).
Vulneración del Derecho a la Salud
Los registros del Sistema Vision Web de la Defensoría del Pueblo indican que el derecho a la salud es uno de los más afectados en esta región. El modelo analítico prospectivo sugiere un aumento en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas. La subregión Urabá-Darién podría experimentar un incremento en la tasa de contagio de sífilis congénita en un 5.7%, chikunguña y dengue en un 5.2%, y leptospirosis en un 4.7% por cada 1000 habitantes.
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Además, se ha identificado una considerable brecha entre el número de camas hospitalarias necesarias según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la cantidad disponible en los municipios estudiados. Turbo, por ejemplo, necesita 461 camas pero solo cuenta con 100, Apartadó requiere 451 y solo tiene 291, y Carepa necesita 179 camas pero solo dispone de 56. Esta insuficiencia de camas se vuelve crítica ante posibles complicaciones de las enfermedades mencionadas, que requerirían hospitalización.
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social y a las autoridades sanitarias municipales y departamentales para implementar medidas preventivas frente al posible incremento de enfermedades debido a una concentración masiva de migrantes. Es crucial que las autoridades nacionales y locales actúen de manera efectiva, estableciendo mesas de gestión migratoria con un enfoque humanitario.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional a mediar con las autoridades panameñas para garantizar el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales sobre refugio y no devolución de migrantes, buscando prevenir una crisis humanitaria en la subregión del Urabá-Darién.
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