El máximo tribunal solicitará el testimonio del presidente de la República sobre las acusaciones presentadas por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
En el marco de la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia contra el actual presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, el tribunal pedirá el testimonio del presidente de la República, Gustavo Petro. Esta decisión ha generado un gran revuelo entre aquellos que esperaban una resolución en este sentido.
La decisión del alto tribunal se fundamenta en las graves denuncias realizadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes acusan a los mencionados parlamentarios de recibir supuestamente $4.000 millones en sobornos a cambio de aprobar los proyectos del Gobierno. El magistrado Francisco Farfán, miembro de la Sala de Instrucción del tribunal, también solicitará una inspección judicial en las oficinas de la Presidencia y de la secretaría de ambas corporaciones legislativas con el fin de recopilar pruebas sobre estas acusaciones.
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Gustavo Petro deberá responder ante la Corte Suprema
Según se ha informado, Petro tendrá la opción de responder por escrito las preguntas formuladas por la Corte. Farfán, en su calidad de magistrado ponente, reunirá los interrogantes pertinentes para que el presidente pueda rendir su declaración juramentada sobre este caso, que ha captado la atención nacional. Aunque la citación tiene objetivos claros, la ley no obliga a Petro a asistir presencialmente, por lo que podrá enviar sus respuestas en un documento. Se espera que su testimonio se sume a las declaraciones ya proporcionadas por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Además de Petro, el tribunal también solicitará las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, quien fue implicado por López, pero ratificado en su cargo por el presidente, a diferencia de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, cuya renuncia fue aceptada.
La decisión del tribunal sobre Petro se conoció un día después de que la Sala de Instrucción recibiera de la Fiscalía General de la Nación la compulsa de copias por los nueve congresistas presuntamente implicados en el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Será esta dependencia la encargada de investigar a los parlamentarios y determinar el curso a seguir.
El tribunal también rechazó la filtración de la diligencia del 25 de junio de 2024, en la que Olmedo López testificó contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, y reveló que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría solicitado redireccionar contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en favor de ciertos parlamentarios.
“La Sala de Instrucción de la Corte Suprema rechaza la filtración de una pieza procesal de una investigación de relevancia nacional y solicitará que se investigue el hecho. En una reunión extraordinaria, se decidió que el proceso afectado por la difusión no autorizada será asumido por el presidente de la Sala”, declaró el organismo judicial en su pronunciamiento.
Las acusaciones contra los parlamentarios han suscitado una intensa atención pública y política en Colombia, especialmente debido a la naturaleza de las denuncias y la implicación de altos funcionarios del gobierno y el legislativo. La Corte Suprema de Justicia ha subrayado la importancia de esclarecer estas acusaciones mediante una investigación rigurosa y la recolección de evidencia sólida, asegurando así la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del país.
El presidente Gustavo Petro ha expresado su disposición a colaborar plenamente con la investigación judicial, destacando la necesidad de mantener la integridad institucional y garantizar que las instituciones públicas actúen en beneficio de todos los colombianos. Mientras tanto, las reacciones políticas han sido diversas, con llamados a la prudencia y al respeto por el debido proceso, así como demandas de claridad y acción rápida por parte de la justicia para esclarecer los hechos y tomar decisiones informadas.
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