Neiva tendrá que ‘apretarse el cinturón’ en 2025. Con la degradación de categoría, la administración municipal tendrá menos recursos de libre destinación, lo que afectará la contratación de funcionarios y los recursos de la Contraloría, la Personería y el Concejo Municipal. “Se pierde la categoría por irresponsabilidad de la administración anterior”, señaló el concejal Johan Steed Ortiz.
Gustavo Patiño
Neiva, una vez considerada un municipio de primera categoría, ha sido degradada a categoría dos. Esta situación, informada por el concejal Johan Steed Ortiz, se debe a decisiones de gasto tomadas durante la administración de Gorky Muñoz. En 2023, el gasto en burocracia y funcionamiento de la Alcaldía de Neiva superó el 65% establecido por la ley 617 del 2000, alcanzando el 68%. Esto tendrá serias repercusiones para el municipio en 2025, incluyendo una reducción en el pago de honorarios a funcionarios públicos y la disminución de transferencias a entidades descentralizadas como la Contraloría, la Personería y el Concejo Municipal.
Exceso en gastos de funcionamiento
El concejal Ortiz explicó que tanto el Ministerio de Hacienda como la Gobernación certificaron que Neiva excedió el límite del 65% de ingresos corrientes de libre destinación, alcanzando un 68% y 67.5% respectivamente. Este exceso ha llevado a la pérdida de categoría del municipio, con implicaciones significativas para la administración y el funcionamiento de entidades descentralizadas.
«El gasto en burocracia y funcionamiento ha sobrepasado el límite permitido, lo que ha afectado negativamente a la inversión social que debería beneficiar a la población vulnerable,» afirmó Ortiz. «La administración anterior incrementó la contratación de personal y la prestación de servicios, lo que resultó en un gasto excesivo que ahora recae sobre los hombros de la administración actual.»
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La degradación a categoría dos implicará una reducción en los recursos destinados a la Contraloría, Personería y el Concejo Municipal, afectando su capacidad operativa. Además, los honorarios de los nuevos secretarios y contrataciones se verán reducidos, limitando la eficiencia y eficacia del gobierno local. «Se pierde la categoría por irresponsabilidad de la administración anterior, incluyendo al secretario de hacienda y al jefe de presupuesto, quienes no gestionaron adecuadamente las finanzas y permitieron que el gasto en funcionamiento se disparara,» enfatizó Ortiz.
Plan de recuperación
Para recuperar la categoría en 2026, la administración de Casagua deberá implementar un riguroso plan de austeridad. Este plan incluye varias acciones clave como la reestructuración administrativa, un rediseño institucional para optimizar la estructura administrativa y reducir costos; igualmente un plan de saneamiento fiscal, enfoque integral para mejorar la salud financiera del municipio. También se propone la actualización del Estatuto Tributario, que buscará la modernización del marco tributario para aumentar los ingresos municipales. Además, se plantea la renegociación de intereses de deuda Ajuste de las tasas de interés de los créditos existentes para reducir los pagos.
El secretario de hacienda actual ha propuesto actualizar el estatuto tributario, lo que podría generar un impacto positivo de 15 mil millones de pesos anuales en los ingresos municipales. Además, se planea renegociar los intereses de deuda con los bancos para reducir los costos financieros del municipio.
Para enfrentar este desafío, la administración ha implementado varias medidas de austeridad que implica la reducción de gastos de funcionamiento, lo que incluye vigilancia, alumbrado, viáticos y contratistas, también el incremento de contribuyentes a partir de la ampliación de la base de datos de contribuyentes para asegurar que todos paguen sus impuestos, especialmente el ICA; igualmente la modernización de la estructura administrativa, con el ahorro de 8 mil millones de pesos a través de una estructura administrativa más eficiente. El objetivo es recategorizar el municipio en 2026, lo que requerirá una gestión financiera estricta y una reducción significativa en los gastos operativos.
Déficit y gastos de personal
Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la administración es el déficit de 89 mil millones de pesos dejado por la administración anterior. Este déficit incluye cuentas por pagar y otros compromisos financieros que deben ser gestionados cuidadosamente.
En cuanto a los gastos de personal, el secretario de hacienda explicó que hubo un aumento significativo debido a las liquidaciones y prestaciones sociales de empleados desvinculados. «A junio de 2023, el gasto de personal ascendió a 32,641 millones de pesos, y a junio de 2024, este gasto se incrementó a 36,737 millones de pesos debido a las liquidaciones,» señaló el secretario en el debate de control político.
La pérdida de categoría tendrá un impacto significativo en los programas sociales y económicos del municipio. Con menos recursos disponibles, la administración deberá priorizar cuidadosamente sus inversiones para maximizar el beneficio para la comunidad. El concejal Ortiz advirtió que, aunque el plan de austeridad es necesario, también es crucial que se mantenga un equilibrio entre la reducción de costos y la inversión en programas sociales. «Los gobiernos no están para ahorrarse recursos, sino para ser austeros en el gasto y así invertir en los programas sociales que se necesiten,» afirmó Ortiz.
‘La Contraloría no actuó’
El concejal Ortiz también criticó la falta de acción por parte de los entes de control durante la administración anterior. “La Contraloría Municipal y la Procuraduría no actuaron a tiempo para evitar esta crisis. Hicimos varios debates de control, pero no vimos una respuesta adecuada de las autoridades,” dijo.
Ortiz mencionó que en los informes presentados por el secretario de hacienda se encontraron créditos sin justificación clara. “Nos causó duda un préstamo de 25,500 millones de pesos, de los cuales no se encontraron 3,900 millones. Preguntamos al secretario de hacienda y no se supo para qué se utilizó ese dinero,” afirmó.
El carrusel de las cuentas
La mala gestión financiera de la administración anterior también llevó a situaciones de abuso y explotación. Ortiz denunció que muchos contratistas se vieron obligados a vender sus cuentas a prestamistas a tasas exorbitantes debido a los retrasos en los pagos por parte del municipio.
“El gobierno anterior no reportó cuentas por pagar, nos han llamado de las personas que tenían contrato de prestación de servicios y de apoyo en 2023, pues resulta que qué pasó, pues mucha gente vendió a agiotistas esas cuentas, estos se aprovecharon del poder pues usted necesitaba pagar la tienda, el arriendo, los servicios, el transporte, la seguridad social para pasar la cuenta de cobro en el siguiente mes, a usted eso lo llevaba a vender su cuenta y esas personas le cobraban un 10 o 12%, eso fue un cartel que fue denunciado por nosotros, lo denunciamos a la fiscalía que era un presunto carrusel de cuentas que se estaba presentando con algunos presuntamente funcionarios de la administración que le demoraban la cuenta para que a usted lo llevara a venderla a hijos de funcionarios”, señaló Johan Steed.
“Entonces del 2023 del gobierno anterior, a estas personas les tocó vender 2,069 cuentas, que eso significaba 7,045 millones de pesos, estas personas se lucraron del dolor y de la necesidad de estos contratistas, no estamos hablando de que sea prohibido ceder su cuenta, pero aquí el tema es por la negligencia y la mala administración y por no ir con el plan anualizado de caja, pues si no tenía recursos para pagar porque contrató y desbordó la nómina que tenía”, aseguró Ortiz.
