Josué Manrique Murcia, burgomaestre de Gigante (Huila), señaló que ha sido víctima de “hostigamiento judicial”. Por su parte, Kevin David Arriguí, afirmó que es víctima del alcalde, pues lo tuteló porque él le hizo preguntas a la administración.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
Al recién posesionado alcalde de Gigante, Huila, Josué Manrique Murcia, su población no le tiene confianza. De eso dan cuenta más de 40 derechos de petición, 15 tutelas y nueve desacatos –incumplimientos judiciales-.
Los requerimientos no sorprenderían sino fuera porque lleva tan solo seis meses en el poder. En este corto tiempo tal vez es el mandatario más requerido del país. El protagonista de la andanada administrativa y judicial es el excandidato a la alcaldía y líder social, Kevin David Arriguí. Tal vez es la única figura visible que lo contradice, pues, al parecer, todos los concejales son oficialistas. Nadie se ha declarado en oposición.
“Quiero manifestar que la alcaldía municipal que represento ha sido víctima de hostigamiento judicial por parte del señor Kevin Arriguí”, manifestó hace dos meses el alcalde mediante un comunicado (21 de mayo), y agrega: “…conllevando a un desgaste administrativo. Como servidor público he actuado conforme a la ley, dando prevalencia al interés general de la comunidad”, señaló en su momento, luego de indicar el número de acciones en su contra.
Por su parte, Kevin Arriguí, explica el contexto: “lo que pasa es que en el año 2017-2018 el alcalde Josué Manrique invirtió más de 300 millones de pesos en las construcciones de unos comederos en el lugar que llaman acá ‘Parque Yuma’; y resulta que esos comederos quedaron a escasos metros de una electrificadora, eso hace que sea imposible la utilización de los comederos. El objetivo inicial era pasar la gente del parque principal al parque Yuma, pero por una acción de tutela que instauró un vendedor informal en la época, un juez le ordenó que se tenía que abstener de pasar a la gente para allá”, recordó el líder social.
En su momento se exploró la posibilidad de sacar la electrificadora de ese lugar, pero fue inviable por las implicaciones económicas y dado que 10 años antes de la obra ya funcionaba allí. Según el relato de Arrigí, el problema no solo era para los vendedores, sino para la población que pasaba por allí. Finalmente, el traslado se detuvo tras una tutela que instauró un vendedor informal.
Una investigación que prescribió
Ante este hecho lamentable de no poderle dar uso a los comederos, nació un presunto detrimento patrimonial que fue denunciado a la Procuraduría de Garzón. “Un veedor que hace parte de nuestro equipo colocó la queja a la Procuraduría, pero pasaron cinco años después de nosotros ejercer una presión social con veeduría social y toda la procuraduría, dejando vencer los términos, y a pesar de que le alcanzaron a ejercer pliego de cargos al alcalde y a su secretario de planeación Francisco Javier Cubillos, sencillamente prescribieron y extinguieron la acción disciplinaria. Se salvaron. Impotentes con esta injusticia que quedo en la impunidad, decidimos hacer un video en las redes sociales”, relató Arrigí.
En el video que reposa en las redes sociales del denunciante, se señala que robaron a la población, pues no pusieron en funcionamiento el comedero, como estaba previsto. “Manifestamos que nos robaron a nosotros los giganteños por ese detrimento patrimonial ¿quién fue el que nos hizo ese robo a nosotros los giganteños, pues el alcalde que no previó eso antes de construir esos comederos, antes de invertir esa platica ahí. El señor alcalde sacó un video haciendo aclaraciones, pero si usted mira el video dice es que no son 300 y pucho de millones, sino son menos. Está diciendo, a mi modo de ver que al parecer no se robó 300 y pucho de millones sino un poquitico menos”, indicó Arriguí.
Diario del Huila observó el video del comunicado del alcalde Manrique, donde textualmente se señala: “el traslado de los vendedores no se pudo realizar por una tutela interpuesta por un comerciante, y como alcalde acogí esa decisión para no comprometer legalmente al municipio, aunque el proceso en mi contra fue archivado mediante Auto del 19 de mayo de 2023 por la Procuraduría Provincial de Garzón. Esta decisión se recurrió reaperturando la investigación y nuevamente el 5 de abril de 2024 se reitera el auto de archivo por parte de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva, ente que dista de la competencia de la unidad territorial que represento”, señaló el mandatario.
El alcalde Manrique Murcia recalcó en su respuesta virtual que no es cierto que se haya robado esa plata. Aseguró que, en el año 2014, siendo alcalde el Dr. Iván Luna, el municipio de Gigante suscribió el contrato 002 del 10 de marzo de 2014 para la construcción del parque Yuma por el valor de 2.249 millones 704 mil pesos. “En el primer periodo como alcalde (2016-2019), el Procurador Agrario de la época, me comunica que el proceso de traslado de la zona de comidas del parque principal debe continuar al parque Yuma. Conforme a lo anterior proseguí con la contratación para la zona de comidas mediante el contrato de obra No. 185 del 2017, por un valor de 274 millones 218 mil pesos. Procedimiento que se realizó conforme a la ley y el contrato se ejecutó con satisfacción”, recalcó el alcalde.
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Otros requerimientos
Aunque el mandatario local asegura que no lo han sometido a un desgaste administrativo, lo cierto es que nueve medidas judiciales hicieron tránsito en ‘desacato’, es decir, no cumplió las órdenes judiciales proferidas por un juez.
Y es que al alcalde le ha pasado de todo. A principio de año el Tribunal Administrativo del Huila, en segunda instancia, le ordenó quitar la placa –que está marcada con su nombre- del monumento La Guitarra, ubicado en el parque principal de este municipio, reconocido como la capital cacaotera del Huila. La acción también la interpuso el líder social, Kevin Arriguí, quien arguyó que el municipio incumplió el Artículo 5 del Decreto 1678 de 1958.
En su momento los magistrados del Tribunal fueron enfáticos: “Así pues, se encuentra acreditado que la demandada realizó una acción que prohíbe el ordenamiento jurídico en el artículo 5° del Decreto 1678 de 1958, colocando una placa con su nombre como alcalde gestor del monumento “La Guitarra” y haberse construido durante su administración, por esa razón hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia para acceder a lo pretendido por el demandante”.
Pero, esto no es todo. El mismo alcalde tan pronto ingresó le llegó a su despacho la orden de arresto por el incumplimiento de una acción de tutela que amparaba derechos de la juventud. A 15 días de haber llegado -por segunda vez a gobernar al municipio de Gigante- fue requerido para dar cumplimiento de la orden en dos días.
En estos días la justicia lo volverá a acechar, pues al parecer un incumplimiento a una orden judicial para poner en funcionamiento el transporte escolar, no se ha cumplido. ¿Será arrestado? La justicia decidirá.
Entre tanto, Kevin David Arriguí deberá responderle a un juez por hacerle constantemente preguntas al alcalde, y por sugerir, que embolató la plata de unos contratos.
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