Culminó el segundo periodo legislativo de este mandato y el congresista Iván Name, dejó su cargo como cabeza de la célula legislativa en medio de fuertes escándalos por su posible participación en uno de los entramados de corrupción más grandes del Gobierno de Gustavo Petro: el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (Ungrd)
Aunque el Senado ahora estará a cargo del conservador Efraín Cepeda, Name dejó la dirección en medio de dudas. Esto por su posible participación en la asignación de más de 1.200 contratos; los cuales fueron entregados a diferentes entidades, al parecer “a dedo”, forma popular de llamar los procesos que se entregaron por medio de contratación directa y sin licitación.
Durante la gestión de Name como presidente de la cámara alta, sostuvo choques constantes con el presidente Gustavo Petro, al que reiteradamente le pidió respetar la independencia legislativa, en medio de disputas por la tramitación de reformas sociales.
Los contratos
Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, Name habría recibido 3.000 millones de pesos a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz para favorecer proyectos del Gobierno. Sin embargo, hasta la fecha los implicados no han presentado pruebas, pero las sospechas dejaron duda sobre su participación en la masiva contratación del Senado entre 2023 y 2024.
De acuerdo con información revelada por un medio de comunicación, el Senado realizó 1.333 procesos de contratación desde el 20 de julio de 2023 hasta el presente, de los cuales el 95% (1.275) fueron mediante contratación directa.
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Este mecanismo, aunque es una forma rápida de suplir las necesidades de la cámara alta del Congreso, elimina la convocatoria pública y da paso a los contratos “a dedo”, algo que algunas veedurías critican.
Entre los principales contratos, se destaca un convenio de 25.600 millones de pesos con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Para garantizar la seguridad de los senadores, mediante esquemas de protección y camionetas blindadas.
También se realizaron millonarias contrataciones de asesorías legales. Incluyendo tres contratos con la firma líder del exviceministro de política criminal, Camilo Rojas Castro, por 1.484 millones de pesos. Además, la empresa de abogados Novoa Buendia S.A.S., encabezada por Juan Carlos Novoa, recibió dos contratos que suman 947 millones de pesos.
Pero una parte importante del presupuesto también se destinó a la creación de contenidos para el canal del Congreso. La empresa Teveandina o Canal Trece, contratada por 7.600 millones de pesos mediante contratación directa. Está bajo la lupa por otro convenio con la Alcaldía de Cali.
La Procuraduría investiga si Teveandina tenía las capacidades para cumplir con dicho contrato y si hubo irregularidades en la adjudicación, por parte de Iván Name.
La administración de Iván Name también implicó la contratación de individuos y empresas cercanas a su partido, la Alianza Verde. La empresa Libreta Personal fue contratada por 183 millones de pesos para asesorar en comunicación abierta y transparente del Senado. Sus socios, Camilo Cano y Juan Mesa, han estado involucrados en polémicas relacionadas con la reforma pensional.
Entre otras figuras políticas con contratos en el Senado se encuentran Esperanza Andrade, exsenadora conservadora y hermana de Hernán Andrade. Carlos Alberto Morales Castilla de Valledupar, Angélica Marín Agudelo de Bogotá, y Gustavo Adolfo Raad de Cartagena. También se destaca Emilio Otero, exsecretario del Senado, con contratos por 114 millones de pesos.
Por su parte, la Dirección Administrativa del Senado defiende las contrataciones, asegurando que “todos los contratos cumplen con rigurosos procesos de selección. Y cuentan con el acompañamiento de apoyos en la supervisión a través de asesores externos”, según comentaron. Además, sostienen que no determinan la afiliación partidista de los gerentes de las entidades públicas con las que contratan.
Tomado de Infobae
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