Sobre el medio día de ayer, gracias las movilizaciones que se dieron en todo el país desde el pasado 28 de abril y ante la ausencia de respaldo de los principales sectores y partidos políticos, incluido el propio partido de gobierno, el presidente de la República decidió retirar el texto de la reforma a tan solo 18 días de haberla radicado en el Congreso.
La semana pasada argumenté básicamente tres cosas sobre esa reforma tributaria: (I) que se trataba de una reforma inconveniente pues golpeaba desproporcionadamente a la clase media del país; (II) que era una reforma que seguía sin revisar estructuralmente el tema de las exenciones tributarias injustificadas a grandes capitales y que mantenía el sistema regresivo que ha caracterizado la política fiscal en el país; y, sobre todo, (III) que si bien la pandemia ha golpeado nuestra economía, la crisis económica y la caída en el recaudo no se debe únicamente a la existencia del virus del COVID: esa reforma tributaria buscaba tapar huecos generados por las decisiones desacertadas que han sido tomadas por este mismo gobierno en sus anteriores reformas tributarias.
Ahora que el gobierno, ante la inmensa presión social, finalmente resolvió solicitarle al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda, quisiera destacar algunas lecciones que deja todo este fallido proceso. En primer lugar, las reformas tributarias no son simples reformas económicas que buscan aumentar los ingresos. También son reformas con un fuerte contenido político y social. De ahí que para su articulación sea necesario abrir canales amplios de interlocución y diálogo previo con los distintos sectores económicos y sociales del país. Solo de esta forma es posible construir consensos mínimos que permitan que las medidas adoptadas gocen de la legitimidad suficiente que garantice su implementación sin contratiempos en el futuro. Eso es todo lo contrario a lo que ocurrió con esta denominada ley de solidaridad sostenible.
En segundo lugar, una reforma hecha a espaldas del pueblo y de los principales sectores políticos del país, por más bienintencionada que sea, está condenada al fracaso. Para que ello no ocurra es necesario comprender que la sociedad no debe ser tratada como una turba ignorante, manipulable y confundida que no entiende el contenido de las medidas que le impactan y que marcha por que no sabe o no entiende qué es aquello que le beneficia. Más bien todo lo contrario. En ese orden de ideas, el gobierno requiere que la sociedad comprenda la relevancia de optimizar las dinámicas de recaudo. La reforma planteada por el gobierno se cayó, pero seguimos ante la necesidad de gestionar los más de 25 billones de pesos que, de acuerdo con las cifras oficiales, se requieren para sortear la crisis y superar el déficit presupuestal que tiene el Estado en estos momentos. Si la sociedad no conoce con precisión la gravedad de la situación, mucho menos se va a gestar un ambiente solidario a favor de cualquier medida que se adopte para atender la compleja situación económica que atraviesa el país.
Ahora que el gobierno ha hecho un llamado a construir una reforma más plural, democrática e incluyente aparecen también nuevas preguntas: ¿cuáles serán las estrategias de austeridad del gasto público que impulsarán las administraciones nacionales y locales después de esta debacle? ¿Qué medidas de reorientación del presupuesto a proyectos de inversión, alto impacto y generación de empleo se tienen proyectadas? A nivel nacional y municipal se debe hacer una verdadera reingeniería al presupuesto, reevaluando los proyectos de inversión y dejando sólo aquellos verdaderamente prioritarios, y preferencialmente los que muevan más sectores productivos y que estén listos para ejecución. Necesitamos organizar la casa pero partiendo de políticas que propendan por la recuperación de nuestra golpeada economía y la reconstrucción del tejido social. Y esto, como nos lo demostró el fracasado proceso de reforma, no se logra maltratando a la clase media.
