La incautación de 5,5 kilos de carne de tiburón tollo (Mustelus sp.) en un restaurante de Bogotá ha encendido las alarmas en la capital colombiana, llevando a la Procuraduría General de la Nación a solicitar una explicación detallada sobre las medidas de control en la comercialización de especies protegidas.
La Secretaría de Ambiente de Bogotá, bajo la dirección de Adriana Soto Carreño, deberá rendir un informe exhaustivo sobre las estrategias y acciones implementadas para regular la venta y comercialización de tiburones y rayas en la ciudad. Esta demanda de transparencia y control se realizó tras la denuncia de una ciudadana que condujo a la incautación en un restaurante de comida del Pacífico en la localidad de Teusaquillo.
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En el comunicado oficial, la Procuraduría citó la Resolución No. 0766 de 2024 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Esta normativa establece directrices claras para la ordenación, administración y control de las capturas incidentales de tiburones y rayas marinas, así como medidas específicas para su aprovechamiento sostenible en todo el territorio nacional.
La incautación no solo refleja un problema de control y cumplimiento de las normativas ambientales, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las políticas de protección y conservación de especies marinas en peligro. La Secretaría de Ambiente deberá ahora demostrar cómo está enfrentando este desafío y qué acciones concretas se están tomando para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
La Procuraduría General de la Nación continuará monitoreando de cerca este caso y las acciones de la Secretaría de Ambiente para asegurar que se tomen las medidas necesarias para la protección de las especies marinas en Bogotá.
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