El Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Elena Márquez, ha objetado parcialmente el proyecto de ley No. 158 de 2022 Senado – 189 de 2023 Cámara, conocido como la «Ley mamá cuentas conmigo».
Este proyecto de ley, de origen parlamentario, busca reconocer y garantizar la entrega de un kit con artículos esenciales a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, pobreza monetaria y pobreza extrema. El kit incluye pañales, productos de higiene para el bebé, toallas higiénicas para la madre y un ajuar completo en color neutro para el bebé.
La objeción se centra en dos puntos específicos del proyecto de ley: la referencia exclusiva a «mujeres» gestantes y el requisito de cuatro controles prenatales para acceder al kit. Según la ministra Márquez, la exclusión de términos como «personas» gestantes, en lugar de «mujeres», vulnera el enfoque de género estipulado en la Constitución y en la jurisprudencia reciente, al no considerar a hombres trans y personas no binarias que también pueden ser gestantes. Esta omisión legislativa, según el Ministerio, viola el principio constitucional de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución.
Le puede interesar: Procuraduría abrió indagación al ministro de Hacienda y el exministro del Interior
El Ministerio argumenta que la exclusión de hombres trans y personas no binarias crea una desigualdad negativa en comparación con las mujeres beneficiadas por la ley, subrayando que todas estas personas tienen la capacidad de quedar embarazadas, gestar, afrontar un parto y realizar labores de cuidado parental, independientemente de su identidad de género.
En cuanto al requisito de controles prenatales, el Ministerio sostiene que exigir cuatro controles como condición para recibir el kit va en contra de la Constitución. Argumentan que el acceso a estos controles es una obligación del Estado y no de las personas gestantes, conforme al artículo 43 de la Constitución, que establece que el Estado debe proporcionar asistencia y protección especial durante y después del parto. Además, consideran desproporcionado exigir estos controles, ya que muchas personas gestantes pueden estar excluidas de la cobertura de servicios de salud prenatal por razones de vulnerabilidad o ubicación geográfica, o pueden optar por alternativas de cuidado prenatal basadas en su cultura o creencias.
El Ministerio también destaca que este requisito podría excluir a mujeres de comunidades afro e indígenas que prefieren la atención prenatal de parteras y mujeres mayores de sus comunidades.
Con estos argumentos, el Gobierno del Cambio ha devuelto el proyecto de ley a la Presidencia del Congreso para que se subsanen los vicios de constitucionalidad señalados y el proyecto pueda recibir la sanción presidencial.
Puede leer: Carlos Ramón González renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia
