Por: Amadeo Gonzalez Triviño
La ausencia de una política criminal como un presupuesto de orden público generalizado, que busque sintonizar todas las formas como han de ser atendidos los comportamientos humanos y la protección de los intereses colectivos e individuales de los ciudadanos por parte del Estado mismo, atendiendo los criterios básicos del respeto del derecho fundamental del infractor y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, hacen parte de un proceso que ha estado ausente en nuestra política colombiana y que incide de manera radical sobre la búsqueda de consensos, en la convivencia pacífica y en la lucha contra el crimen, de una sociedad en crisis.
Somos víctimas de la improvisación legislativa, nuestra clase política en todo momento, encausado más por el sensacionalismo y por la visión represiva y de desconocimiento de los fundamentos esenciales de esa política criminal, se ha dedicado a modificar y presentar paulatinamente como lo refrendan los procesos históricos, reformas a la justicia, especialmente en el campo penal y de incremento de penas o de creación de nuevos tipos penales.
La suma de todo este proceso nos ha llevado a entender la razón de ser de la impunidad. Lo hemos sostenido hace más de veinte años con el sistema penal acusatorio y con las normas que se han ido sumando a este laberinto normativo que va de un lado al otro y que no se ha correspondido con los procesos académicos y sociológicos de quienes hacemos parte del entorno social al que se les aplica, hasta el punto de que algunas de las figuras que se conocen y a las cuales se recurre en todo momento por parte de los transgresores de la ley, son mal interpretados y dejan un sinsabor de preocupación y de dolor de patria, cuando de perseguir el delito se trata.
Hace días se viene aplicando la figura del principio de oportunidad, esta figura que busca dinamizar el sistema penal y ofrecer alternativas para que el Estado pueda desenmascarar en su estructura los fenómenos más profundos y los pilares sobre los cuales descansan las cadenas del crimen que se han venido fortaleciendo como grupos delincuenciales y que propende por la negociación mediante la confesión y el apoyo hacia la búsqueda de una justicia ágil y eficiente, no ha dejado de ser más que una cortina de humo a la cual se suman avezados y reiterados delincuentes que en últimas con la protección del sistema, se burlan de la Administración de Justicia o terminan incriminando a quienes nada tienen que ver con tales hechos o desviando los procesos investigativos.
En los actuales momentos y desde el Gobierno Nacional, se viene gestando una reforma a la justicia donde se busca que el principio de oportunidad quede en manos únicamente de la Fiscalía General de la Nación y que el Juez, termine siendo un convidado de piedra para establecer la pena conforme a los acuerdos que se pacten entre el delincuente y el ente investigador, de la cual nos ocuparemos oportunamente y desde ya, no estamos de acuerdo.
Se suma a lo anterior, los recientes escándalos donde el patrimonio del Estado, ha sido altamente afectado, como lo ha sido a lo largo de la historia de nuestros gobernantes en los que la mayoría de los delitos han quedado en la impunidad o han terminado siendo negociados bajo los presupuestos impositivos de una supuesta legalidad procesal y de dar apariencia de justicia en nuestro país. Se hace necesario entonces, fortalecer los procesos investigativos en desenmascarar quienes están detrás de la construcción de esos grupos de delincuentes y que la confesión y las pruebas que conduzcan a su individualización, sean las suficientes y estén debidamente soportadas para realmente se afecte la cabeza, la fuente, el motor que les dio impulso como determinadores de esos procesos delictivos y no que se vaya contra los que han sido simples cómplices o auxiliadores de dicho proceso.
Pero sin lugar a dudas, la defensa del patrimonio del Estado, no puede ser utilizado para aceptar confesiones y delaciones sin resultados o sin que se recuperen los recursos que han sido objeto de dicha afectación económica.
