Por: Felipe Rodríguez Espinel
La tercera legislatura del gobierno de Gustavo Petro se perfila como un periodo crucial y desafiante. Con una agenda ambiciosa que incluye reformas en salud, trabajo, servicios públicos y justicia, entre otras, el Ejecutivo se enfrenta a un panorama político complejo y fragmentado que pondrá a prueba su capacidad de negociación y efectividad legislativa.
La tendencia histórica es preocupante pues los últimos tres gobiernos han visto disminuir su tasa de efectividad legislativa entre la segunda y tercera legislatura. Este patrón sugiere que el gobierno de Petro deberá priorizar cuidadosamente su agenda para evitar un estancamiento similar.
El nombramiento de Juan Fernando Cristo como Ministro del Interior parece ser un movimiento estratégico para mejorar las relaciones con el Congreso. Sin embargo, la falta de una coalición política clara tras el reciente remezón ministerial plantea dudas sobre la viabilidad de una luna de miel legislativa.
El escenario se complica aún más con la carga legislativa heredada. 137 proyectos de ley en el Senado y 182 en la Cámara, a los que se sumarán aproximadamente 600 nuevas iniciativas. Este trancón legislativo podría obstaculizar seriamente la agenda reformista del gobierno. La Comisión Sexta, tanto en Senado como en Cámara, concentra la mayor cantidad de proyectos, lo que podría generar cuellos de botella en el trámite de iniciativas clave.
La retórica del Presidente sobre una posible Asamblea Constituyente y la implementación de un «fast track» para acelerar las reformas añade otra capa de complejidad. Ambas propuestas requerirían aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional, lo que las hace políticamente arriesgadas y técnicamente desafiantes. Además, la idea de una Constituyente ha generado escepticismo incluso entre algunos aliados del gobierno.
El discurso de instalación de Petro, aunque conciliador, no logró disipar las preocupaciones sobre los escándalos de corrupción que han empañado su gestión, particularmente el caso de la UNGRD. La oposición seguramente aprovechará estos tropiezos para fortalecer su posición de cara a las elecciones de 2026. Este contexto podría dificultar la construcción de consensos necesarios para avanzar en la agenda legislativa.
La tercera legislatura se presenta como un periodo decisivo para el gobierno de Petro. La combinación de una agenda ambiciosa, un panorama político fragmentado y la presión por resultados tangibles creará un escenario de alta tensión política. La habilidad del Ejecutivo para navegar estas aguas turbulentas determinará no solo el éxito de su agenda reformista, sino también las perspectivas electorales de su movimiento en 2026.
El éxito del gobierno dependerá en gran medida de su capacidad para moderar sus propuestas, construir alianzas estratégicas y mantener un delicado equilibrio entre sus aspiraciones transformadoras y las realidades políticas del país. La forma en que Petro y su equipo manejen este desafío legislativo definirá no solo el rumbo de su administración, sino posiblemente el futuro político y social de Colombia en los próximos años.
