La Procuraduría General de la Nación ha decidido incluir a Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de tanques de agua y otros contratos en La Guajira y Córdoba.
La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la vinculación de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la investigación iniciada el 8 de abril por posibles irregularidades en la adquisición de 1,000 tanques de reserva de agua destinados a las rancherías de La Guajira. Esta investigación, que originalmente se centraba en el exdirector Olmedo López Martínez, se ha ampliado tras la revisión de documentos por parte de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal, quien señaló que Pinilla Álvarez pudo haber incurrido en irregularidades durante las etapas precontractual y de ejecución del contrato.
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Plantas Desalinizadoras
El Ministerio Público también ha incorporado a Pinilla Álvarez, junto con el exsubdirector general de la UNGRD, Víctor Andrés Meza Galván, y la vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora S.A., Daniela Andrade Valencia, en la investigación abierta el 31 de mayo. Esta nueva investigación examina posibles sobrecostos en la compra de tres plantas desalinizadoras por un valor de $42 mil millones para La Guajira. En este caso, los funcionarios mencionados están siendo investigados por presuntamente haber gestionado la convocatoria de cotizantes, seleccionado al contratista e instruido a la fiduciaria para elaborar el contrato, mientras que Andrade Valencia firmó el contrato como representante de Fiduprevisora S.A.
Alquiler de Carrotanques
Además, la Procuraduría ha extendido la investigación abierta el 31 de mayo contra López y Pinilla por supuestas irregularidades en el proceso contractual para el alquiler de 30 carrotanques en el departamento de Córdoba. A esta investigación se han sumado Víctor Andrés Meza Galván y Nelson Raúl Triana Cárdenas, representante legal de la sociedad Proyect ING S.A.S. La Procuraduría sostiene que las pruebas y documentos revisados justifican el análisis de la posible responsabilidad disciplinaria de estos funcionarios en los hechos investigados.
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