Las Alertas Tempranas, expedidas por la Defensoría del Pueblo, han advertido del reclutamiento forzado del que son víctimas principalmente la comunidad indígena, asimismo se ha presentado confinamiento por el accionar de grupos armados en el departamento del Caquetá, pues en el 2023, llegaron 22 familias a Neiva, huyendo del conflicto armado.
Asimismo, los funcionarios de este órgano constitucional y autónomo, solicitó el acompañamiento de la Fuerza Pública en los territorios que les permita realizar su trabajo de manera satisfactoria y que no estén en riesgo.
Firmantes asesinados
En relación a las afectaciones dejadas por orden público en la región, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo-Seccional Huila, realizó una exposición de estos hechos en la Asamblea Departamental: “hay que recordar el desplazamiento forzado que se dio en el municipio de La Plata en el año 2023. Y el confinamiento es una forma de violencia despiadada, imagínense ustedes estar en un lugar recóndito del Departamento y de pronto no poder tener vías de acceso para alimentación, agua, ni nada de lo vital que nosotros necesitamos para nuestro día a día y está pasando, ocurre en los límites del Caquetá, en el centro poblado de El Pato. El periodo pasado tuvimos la llegada a Neiva de 22 núcleos familiares”.
La funcionaria enfatizó que es una situación crítica y deben tratarla como tal, y expresó tristeza, porque con estos hechos se puede afectar la inversión social y la llegada de turistas.
“Y por último y no menos importante son las amenazas, los homicidios selectivos en una población focalizada, los firmantes de paz, hemos tenido 13 asesinatos de personas que suscribieron el Acuerdo de Paz, no sabemos que estaba pasando con ellas. Estamos en un enfrentamiento ideológico que nos está costando la vida”, reveló la abogada.
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Las alertas tempranas
Y es que según información suministrada por la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Defensoría del Pueblo, en el periodo comprendido entre el último semestre de 2023 y primer semestre de 2024, 13 firmantes de paz, han sido ultimados en el departamento del Huila.
La defensora, indicó que su escenario es la divulgación, protección y prevención por supuesto se hace un llamado de atención a la institucionalidad en pleno, para que sea la Fuerza Pública, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección, Agencia Nacional de Reincorporados, entre otras para que establezcan las medidas correspondientes.
“Para este propósito hacemos seguimiento y construimos documentos de advertencia, anexos a las alertas tempranas, como son los oficios de seguimiento y consumación de nuestras conductas que han sido vulneratorias y que están inmersas dentro de las advertencias”, destacó la funcionaria.
Combates y confinamiento
Frente a los enfrentamientos de grupos armados que han impedido el libre desempeño de las labores de la comunidad, la profesional del derecho, explicó. “En este momento no tenemos esta información, pero sí se registraron casos el año pasado, donde la población no podían salir de su hábitat, porque se encuentran amenazados, los actores armados colocan dispositivos y explosivos en las carreteras, les dicen a qué horas deben salir y trabajar y a qué horas han de regresar y eso para nosotros es una afectación a la movilidad fundamental y por supuesto a un derecho inalienable”.
Esta situación ha sido vivida en el municipio de Algeciras e Íquira. “La alerta emanada, si bien manifiesta hechos victimizantes referentes al reclutamiento de nuestros niños niñas y adolescentes que tienen características de etnia o no, también existen otras problemáticas registradas, la extorsión, control social, confinamiento y desplazamiento forzado”.
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Situación en Vegalarga
En cuanto al reclutamiento de menores que se estaba registrando en el corregimiento de Vegalarga, la defensora señaló. “Se está haciendo el seguimiento correspondiente, tenemos a los funcionarios en terreno con la Personería de Neiva analiza esta situación, ya que son los encargados de manejar esta zona, porque es anexa a la capital opita”.
Para tratar esta compleja situación, la Alcaldía de Neiva junto a las autoridades de esta localidad, para efectos de la prevención y la atención en caso de que llegue a darse este flagelo que está siendo objeto los niños y niñas de las Instituciones Educativas de esta zona.
Las recomendaciones dadas
Y en cuanto a las recomendaciones expresadas por la Defensora, se encuentran, coordinación de la respuesta rápida y de esta manera enfrentar esta situación de violencia, “para garantizar la vida e integridad de nuestros líderes, defensores de derechos humanos, campesinos, autoridades tradicionales indígenas y miembros de las Juntas de Acción Comunal, a través de la comisión intersectorial para la respuesta temprana y según la normatividad, diez días después debe darse una reunión de entidades y sectores consentidos asuman unas tareas y luego nosotros como Ministerio Público y la Procuraduría, hacemos un seguimiento a estas labores con el fin de conocer, sí se están cumpliendo o no”.
Otro aspecto es la disuasión del contexto de amenaza, que permite asesorar y asistir técnicamente a los entes territoriales en la implementación de estrategias de seguridad y convivencia con enfoque diferencial, que corresponda a las especificaciones de cada conducta y que tenga la diferenciación de los grupos que pertenecen a las etnias indígenas y los que no hacen parte de este colectivo.
“Siendo importante el aumento del ‘pie de fuerza’ en las comunidades donde se advierten este tipo de problemáticas derivadas del orden público, es una situación que no puede ser ajena, porque si tenemos esa presencia podemos pensar en que las demás tareas de otros sectores e instituciones, se puede facilitar por qué si nosotros vamos a hacer una jornada de promoción de derechos, a un lugar donde el acceso es muy difícil y no estamos acompañados de la seguridad, pues nosotros también nos ponemos en riesgo”, resaltó la profesional del derecho.
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Conflicto armado
En relación al fenómeno bélico que afecta a gran parte del país, la senadora Aida Marina Quilcué, expresó. “Tenemos unas graves problemáticas en el departamento del Cauca, porque la guerra se ha agudizado, pero en el caso del Huila, los municipios de Íquira y Nátaga, son focos fuertes de los actores armados. Además, tienen un impacto en económico y social en los pueblos”.
“Y la guerra se ha reactivado, primero porque hay quienes quieren alimentar el combustible de la guerra que es el narcotráfico. Tienen una estrategia para desestabilizar las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y de esta manera controlar de manera completa el territorio y es ahí donde nos preguntamos ¿Cómo resistimos?”, agrego la política.
Y lo están haciendo con la Guardia Indígena y las autoridades ancestrales. Tienen una sólida e histórica organización como es el Consejo Regional Indígena en el departamento del Cauca con el que persisten y siguen luchando por la vida y la dignidad del territorio.
Hay que recordar que ante esta grave problemática de la que son víctimas los niños, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2024, en la que advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los municipios de Íquira y Páez, Cauca y sus áreas rurales. Algunos de ellos con pertenencia indígena, afrocolombiana o campesina.
Asimismo, sus núcleos familiares, además, enfrentan amenazas si hacen las denuncias, lo cual los pone en riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección.
