Una nueva denuncia ha surgido, revelando problemas internos en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), una entidad clave del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fundamental para la reforma agraria y otros programas de uso eficiente del suelo impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Exfuncionarios que han sido declarados insubsistentes afirman que fueron removidos injustamente, mientras que otro grupo denuncia acoso laboral, señalando que ciertos trabajadores permanecen «atornillados» en sus cargos a pesar de los cambios de gobierno. Estas acusaciones han generado un creciente descontento, especialmente porque la directora de la UPRA, Claudia Liliana Cortés, es esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que ha alimentado las sospechas sobre posibles conflictos de interés.
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Claudia Liliana Cortés, quien tiene una amplia experiencia en el sector público y agropecuario, fue nombrada directora de la UPRA en 2023, bajo la gestión de Jhenifer Mojica como ministra de Agricultura. Sin embargo, su nombramiento ha sido cuestionado debido a que, pese a haber sido seleccionada para un cargo de alto nivel (profesional grado 22), solicitó una prórroga de 90 días para asumirlo, alegando que estaba «acompañando el programa de gobierno y las apuestas sectoriales de la señora ministra de agricultura». Esta solicitud fue aceptada, algo inusual según fuentes de la entidad, quienes argumentan que en otros casos se exige asumir el cargo inmediatamente.
El malestar dentro de la UPRA también se ha hecho evidente en redes sociales, donde empleados cercanos al gobierno de Petro han utilizado el numeral #AbusosUPRA para denunciar la pérdida de derechos laborales. Uno de los puntos de controversia es la supuesta imposición de un listado de votantes para elegir representantes de empleados en la Comisión de Personal, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento de manipular el proceso.
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En abril, un grupo de empleados, a través de un sindicato, presentó a la directora un pliego de peticiones de 83 puntos, exigiendo mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo, y los resultados de una prueba psicosocial aplicada a los empleados no han sido divulgados, según la UPRA, debido a que eran «confusos».
Entre los casos más destacados está el de Felipe Silva, un empleado retirado que demandó a la UPRA y al Ministerio de Agricultura por violación del debido proceso y prevaricato, alegando que su desvinculación se debió a razones ideológicas. Otro funcionario, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que existe una «cúpula» de empleados en la UPRA que ha sobrevivido a varios gobiernos, controlando la entidad desde adentro.
