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Denuncias contra el presidente de Colpensiones sacuden el panorama político en Colombia

Ago 4, 2024

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Tres semanas después de que el presidente Gustavo Petro firmara la controvertida reforma pensional, que a partir de junio de 2025 transferirá a al menos 19 millones de empleados al fondo estatal Colpensiones, han surgido serias denuncias contra el actual presidente de la entidad, Jaime Dussán. Las acusaciones incluyen presuntos actos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción.

Jaime Dussán, cercano colaborador del presidente Petro y figura clave en la implementación de la reforma pensional, ahora enfrenta una investigación formal por parte de la Procuraduría General de la Nación. La indagación se originó tras una carta enviada al ente de control, en la que se habrían presentado pruebas suficientes para acusar al funcionario de graves irregularidades.

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El escándalo se intensificó luego de que se viralizara un video en el que Dussán aparece besando a Paola Palmariny, vicepresidenta comercial de Colpensiones, un acto que fue considerado inapropiado por diversos sectores políticos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un simple revuelo mediático, resultó ser solo la punta del iceberg de una serie de acusaciones más serias.

Entre las irregularidades denunciadas se incluyen supuestos contratos con sobrecostos, un incremento patrimonial injustificado de Dussán y la implicación de otros funcionarios de Colpensiones, como Luis Alfredo Chaparro, vicepresidente de Planeación y TIC, y Wilson Eduardo Pineda, quien ostenta tres cargos dentro de la entidad. Se alega que ambos han sido beneficiarios de la cercanía con Dussán, ocupando varios puestos y recibiendo salarios del fondo de pensiones.

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Uno de los contratos más controvertidos es el de 65.000 millones de pesos para la adquisición y operación del contact center de Colpensiones, proyecto que según la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, presenta un sobrecosto del 151%. El presunto enriquecimiento ilícito de Dussán también está bajo escrutinio, con alegaciones de que habría adquirido parte del restaurante El Butcher, en la zona G de Bogotá, y liquidado deudas sustanciales con el Banco de Bogotá e Itaú desde que asumió su cargo.

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