Por: Felipe Rodríguez Espinel
Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia política y administrativa. Los recientes esfuerzos de los gobernadores para impulsar una mayor descentralización y autonomía regional ponen de manifiesto una realidad innegable: el modelo centralista actual ya no responde a las necesidades de un país diverso y complejo.
La Constitución del 91 prometió un Estado descentralizado, pero tres décadas después, las regiones siguen luchando por recursos y autonomía. El Sistema General de Participaciones, diseñado para canalizar fondos a las entidades territoriales, ha visto una disminución progresiva, dejando a los departamentos con apenas el 20% de las transferencias. Esta situación ha generado un déficit acumulado de 200 billones de pesos, afectando directamente la calidad de vida de millones de colombianos.
Los proyectos presentados por la Federación Nacional de Departamentos buscan corregir este desequilibrio. La propuesta de recuperar el 47% del SGP para las regiones es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es crucial que esta transición sea gradual y bien planificada para evitar disrupciones en la administración nacional.
La reforma al Sistema General de Regalías es otra pieza clave del rompecabezas. La simplificación de los procesos de ejecución de estos recursos permitiría a las regiones responder con mayor agilidad a sus necesidades específicas. No obstante, es fundamental que se implementen mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas para prevenir la malversación de fondos.
La modificación a la Ley de Ordenamiento Territorial representa una oportunidad para repensar cómo se distribuye el poder y los recursos en el territorio nacional. Un enfoque que priorice el desarrollo productivo y la competitividad regional podría ser el catalizador que Colombia necesita para cerrar las brechas entre el centro y la periferia.
Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. Existe el riesgo de que la autonomía regional pueda exacerbar las desigualdades existentes si no se implementa con criterios de equidad. Los departamentos con mayores capacidades institucionales y recursos propios podrían beneficiarse desproporcionadamente, mientras que las regiones más pobres podrían quedarse atrás.
Dicho proceso debe ir acompañado de un fortalecimiento de las capacidades locales de gestión y planeación. De nada sirve transferir más recursos si las entidades territoriales no cuentan con el personal calificado y los sistemas administrativos necesarios para ejecutarlos eficientemente.
La descentralización no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino de justicia territorial. Una Colombia más descentralizada tiene el potencial de ser más equitativa, más innovadora y más resiliente. Sin embargo, este proceso debe ser cuidadosamente diseñado y ejecutado, con un énfasis en la equidad interregional y el fortalecimiento de las capacidades locales.
El desafío es grande, pero el premio es aún mayor. Un país donde cada región pueda desarrollar su potencial único, contribuyendo así a una Colombia más próspera y justa para todos sus ciudadanos. El momento de actuar es ahora, y el futuro de nuestro país depende de nuestra capacidad para reimaginar y reconstruir nuestra estructura territorial y administrativa.
