Por: Juanita Tovar Sandino
Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro y sus predecesores, ha resistido más de dos décadas de gobiernos autoritarios. Esta longevidad del régimen ha generado un entorno particularmente complejo, tanto para el pueblo venezolano como para la comunidad internacional, que busca soluciones para enfrentar la crisis. En comparación con otros contextos internacionales, donde se han implementado intervenciones militares para abordar regímenes opresivos, la situación en Venezuela revela desafíos únicos que van más allá de la simple duración del mandato.
A lo largo de la historia reciente, hemos visto diversas intervenciones militares en América Latina y otras regiones del mundo. La invasión de Panamá por parte de Estados Unidos en 1989, bajo el pretexto de desmantelar el narcotráfico y remover al dictador Manuel Noriega, ofrece una perspectiva interesante. Noriega, aunque autoritario, estaba relativamente menos arraigado en la estructura política y social de Panamá en comparación con la profundidad del poder establecido en Venezuela. La intervención en Panamá, que se realizó con el apoyo de una coalición internacional y con un objetivo claro, resultó en una rápida caída del régimen, pero también planteó cuestiones sobre la legitimidad y las consecuencias a largo plazo de tales acciones.
El caso de Venezuela, sin embargo, es considerablemente más complicado. La durabilidad del régimen chavista, y su continuidad bajo el tirano Maduro, ha permitido que se desarrollen estructuras de poder extremadamente integradas y resilientes. La corrupción en Venezuela ha permeado todos los estamentos del poder, desde las fuerzas militares hasta las ramas del poder público. Esta contaminación estructural ha generado un entramado de intereses que dificulta enormemente cualquier intento de cambio significativo, ya sea desde dentro o desde fuera del país.
La corrupción en Venezuela no solo afecta a los políticos y funcionarios, sino que también se extiende a las fuerzas militares y policiales. Estos cuerpos de seguridad, en lugar de proteger a la ciudadanía, se han convertido en piezas clave del aparato represivo del régimen. La lealtad al régimen y la corrupción endémica han llevado a una militarización del Estado que refuerza el control del gobierno sobre la sociedad y minimiza la posibilidad de una oposición efectiva.
La intervención externa, ya sea a través de medios diplomáticos, económicos o militares, se enfrenta a una serie de obstáculos en el contexto venezolano. A diferencia de Panamá, donde la intervención fue relativamente puntual, la situación en Venezuela implica una serie de riesgos colaterales y complejidades que podrían empeorar la situación. Las sanciones económicas, las presiones diplomáticas y el apoyo a la oposición son herramientas que la comunidad internacional ha utilizado para tratar de inducir un cambio, pero estos esfuerzos no han logrado desmantelar el aparato de poder corrupto en su totalidad.
Además, el riesgo de una intervención militar directa, como en el caso de Panamá, conlleva peligros significativos. La posibilidad de desestabilización regional, la exacerbación de la crisis humanitaria y el potencial de una guerra prolongada hacen que esta opción sea extremadamente arriesgada. Venezuela, con su vasto territorio y su población de más de 30 millones de personas, presenta desafíos que no pueden ser ignorados por los actores internacionales.
La lección clave que se desprende de la experiencia de Venezuela es la necesidad de una estrategia integral y a largo plazo para abordar regímenes profundamente arraigados. Esto implica una combinación de presión diplomática, sanciones económicas selectivas y un apoyo robusto a las fuerzas democráticas dentro del país. Sin embargo, el proceso es arduo y requiere un enfoque que considere las complejidades internas y las dinámicas regionales.
En última instancia, el combate a un régimen de larga duración como el de Venezuela no se puede reducir a soluciones rápidas o intervenciones directas. Es un desafío que exige un compromiso sostenido y multifacético que contemple la corrupción y las estructuras de poder profundamente enraizadas. La comunidad internacional, así como los ciudadanos venezolanos, deben estar preparados para una lucha prolongada y compleja, con la esperanza de que, con el tiempo, se puedan lograr avances significativos hacia una Venezuela democrática y próspera.
