EL RINCÓN DE DIANA
Por: Diana Montes
En la semana pasada, hablábamos sobre la calamidad venezolana y finalizábamos diciendo que, si el gobierno no le daba al pueblo paz y democracia, el pueblo tenía el derecho superior a la rebelión. En esta ocasión, quisiera ahondar sobre este tema, desde el liberalismo clásico de John Locke.
En su Primer tratado sobre el gobierno civil, Locke descarta la idea de que la legitimidad de los gobernantes esté fundada en su vínculo de sangre con Adán. Al no existir una sacralidad del gobernante, entonces, ¿de dónde proviene la legitimidad de ellos? En su Segundo tratado sobre el gobierno civil, el padre del liberalismo afirma que el buen gobierno está fundamentado en un acuerdo o contrato social: los individuos ceden al gobierno la soberanía que por naturaleza tienen, a cambio de que el gobierno proteja dos cosas fundamentales: la vida y la propiedad de los miembros de la sociedad; en suma, el gobierno debe guardar la seguridad.
Aunque a un gobierno se le pueden salir las cosas de control, lo que afirma Locke es que un gobierno tiene prohibido atentar contra la seguridad de sus ciudadanos. Cuando es el gobierno el que rompe el pacto social fundamental, los ciudadanos tienen derecho a “rescindir del contrato”; es decir, a recuperar su soberanía, lo cual implica un levantamiento armado contra el gobierno. Se dice “rebelión”, porque viene de las palabras latinas re y bellum, lo que significa “de nuevo” y “guerra”, respectivamente. Es importante anotar que en la rebelión no son los rebeldes quienes inician la guerra, sino que reaccionan a una guerra que ya inició el gobierno, al haber roto el pacto social.
Las reglas del juego democrático, según las cuales se hacen elecciones periódicas y hay una transición pacífica del poder, son parte fundamental de la paz social, es decir, de la seguridad. Que un gobierno use el poder del Estado para atentar contra estas reglas, es motivo más que suficiente para ejercer el derecho a la rebelión.
