Por: Jaime Felipe Lozada
Me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que debido a la laxitud y en algunos casos a la complacencia del Gobierno Nacional con la criminalidad, en nuestra región la gran mayoría de los comerciantes, agricultores, transportadores, tenderos y empresarios están siendo extorsionados. También puedo afirmar, con conocimiento de causa, de dónde provienen esas extorsiones y a dónde les toca ir a nuestros paisanos a negociar la cuota o a pagar la misma a los delincuentes.
Para nadie es un secreto, y menos para las autoridades, que gran parte de las extorsiones provienen de las cárceles, que como lo dije en una columna hace algunos meses en este mismo Diario, son una meca del delito. Pero tampoco en un secreto que, bien sean disidencias de las Farc o delincuentes comunes, citan a los neivanos en Vegalarga, en zona rural de Baraya y Tello, y que alias Julián, comandante de finanzas del Frente Ismael Ruiz del Bloque occidental Jacobo Arenas, cita a los pobladores de nuestra capital y del noroccidente del departamento en las veredas Las Juntas, Aipecito, Chapinero y La Libertad a pagar el impuesto correspondiente al tributo de guerra, que no es más que un eufemismo o un nombre rimbombante para llamar a la extorsión. Ni que decir de lo que ocurre en Algeciras, en zona rural de Gigante y Garzón o en el sur del departamento, así como de la ya muy conocida presencia guerrillera en Valencia de la Paz-Íquira, corredor estratégico que los comunica con Río Negro y el Cauca, y desde donde se coordinan gran parte de las extorsiones del departamento. Entre otras cosas, desde allí también se organizó el hostigamiento que el pasado 20 de julio sufrió la estación de policía de Teruel.
La extorsión en nuestra región es una cruda realidad, así algunos la quieran negar o minimizar. Mientras no se combata, sin ambages y con decisión, nuestra economía seguirá desacelerada, los proyectos de vital importancia para nuestra competitividad y desarrollo paralizados como -la vía La Plata-Gallego-, los índices de desempleo y pobreza elevados, la inversión nacional o extranjera ausente, y la confianza y el optimismo en nuestra región no pasarán de ser simples deseos.
Se equivocó, y de qué manera, el Gobierno Nacional con la mal concebida política de “Paz Total”, al maniatar de pies y de manos a la Fuerza Pública y permitirles a los grupos alzados al margen de la ley avanzar en su control territorial y fortalecer sus rentas ilegales. Gustavo Petro nos regresó, en un abrir y cerrar de ojos, veinte años en materia de seguridad, nos regresó a las peores épocas de zozobra y desolación que los huilenses nos rehusamos a volver a vivir. Como me dijo un amigo agricultor de Garzón hace pocos días: “cuando uno deja enmontar la finca, después limpiarla es muy verraco”.
