El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, salió en defensa de la contratación de influenciadores por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, en respuesta a un informe revelador de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El informe expone que el Gobierno ha destinado más de 662 millones de pesos en los últimos dos años para la contratación de creadores de contenido en diversas dependencias del Estado, lo que ha generado una ola de reacciones en la opinión pública.
Entre los casos más destacados, se encuentra el de Celso Tete Crespo, quien recientemente fue designado como asesor grado 13 de la Presidencia de la República, y quien recibió un contrato de 120.266.667 pesos a través del Ministerio de Ambiente.
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También se mencionan a Walter Alfonso Rodríguez, conocido como «Wally Opina», quien obtuvo 45.600.000 pesos por su trabajo en las plataformas de Rtvc, y a María Niny Echeverry, quien recibió 24.333.333 pesos para apoyar en actividades periodísticas y de contenido. Otro caso es el de Jader David Rozo, conocido como «Don Izquierdo», quien fue contratado por 35.550.000 pesos para colaborar en el periodismo digital del sistema de medios públicos.
A pesar de las críticas, Bolívar ha defendido firmemente esta estrategia, señalando que la contratación de influenciadores no es ilegal y que otros gobiernos también han invertido grandes sumas en publicidad. En una publicación en redes sociales, Bolívar expresó: «¿En qué parte de los códigos penales o disciplinarios dice que darle trabajo a los influencers es delito? ¿En qué parte dice que quienes se dedican a las redes sociales no pueden trabajar?».
Bolívar continuó su defensa destacando que estos influenciadores están siendo criticados por desmentir calumnias y exponer la corrupción. Además, cuestionó por qué las acciones de la administración actual son objeto de críticas mientras que, según él, gobiernos anteriores utilizaron tácticas similares sin recibir la misma atención mediática.
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