Por: Felipe Rodríguez Espinel
La propuesta del presidente Gustavo Petro de ampliar las inversiones forzosas a sectores como la industria exportadora, vivienda y economía popular ha generado un intenso debate. Aunque la intención de impulsar la reactivación económica es entendible, este mecanismo presenta más riesgos que beneficios para el país.
Es crucial entender que las inversiones forzosas no son una solución mágica. Este instrumento, que ya existe en el sector agrícola, obliga a los bancos a destinar parte de los ahorros de los ciudadanos a créditos específicos. Sin embargo, la experiencia histórica nos advierte sobre sus peligros. En la década de los 70, un esquema similar demostró ser ineficiente y contraproducente, generando distorsiones en el mercado crediticio.
Forzar a los bancos a otorgar créditos a sectores que normalmente no calificarían podría incrementar la morosidad y debilitar la estabilidad del sistema. Además, esta medida podría resultar en un aumento generalizado de las tasas de interés, perjudicando a todos los colombianos.
Es aún más preocupante que esta propuesta surja en un momento en que 11 de los 30 bancos del país reportan pérdidas. Imponer más cargas al sector financiero en estas circunstancias podría agravar su situación y, por ende, afectar la disponibilidad de crédito en la economía.
Por otro lado, la idea que el gobierno administre directamente estos recursos plantea serias dudas sobre eficiencia y transparencia. Esto podría llevar a una asignación ineficiente y politizada de los fondos. Los ciudadanos confían sus ahorros a entidades financieras profesionales, no al gobierno para su redistribución.
La intención del gobierno es comprensible, de buscar mecanismos para impulsar sectores clave y la economía popular. Sin embargo, existen alternativas menos riesgosas y más efectivas. Por ejemplo, fortalecer y ampliar programas como el Grupo Bicentenario, que reúne a entidades financieras públicas, podría ser una vía más adecuada para ofrecer líneas de crédito y garantías sin distorsionar el mercado.
Asimismo, la propuesta del gobierno de una ley de financiamiento que busque recursos adicionales para inversión, reduciendo a la vez el impuesto de renta para empresas, merece un análisis detallado. Esta aproximación podría estimular la inversión y el crecimiento sin los riesgos asociados a las inversiones forzosas.
Lo más importante es que cualquier política económica que adopte el gobierno se base en evidencia sólida y considere las lecciones del pasado. Las experiencias de otros países latinoamericanos con políticas intervencionistas similares han demostrado que, a menudo, los efectos negativos superan los beneficios esperados.
Si bien es necesario buscar soluciones innovadoras para reactivar la economía colombiana, las inversiones forzosas no parecen ser el camino adecuado. El gobierno debería enfocarse en fortalecer los programas existentes, mejorar la coordinación entre entidades públicas y privadas, y crear un entorno propicio para la inversión y el crecimiento sostenible. La estabilidad del sistema financiero y la confianza de los ahorradores son pilares fundamentales para el desarrollo económico que no deberían ser comprometidos con medidas de dudosa efectividad.
