La reciente declaración de un paro armado indefinido por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la subregión del San Juan, en Chocó, ha desatado una crisis humanitaria en la región.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.
Un total de 85 comunidades afro e indígenas, que comprenden aproximadamente 45.000 personas, se encuentran actualmente en situación de confinamiento. De estas, unas 7.500 personas enfrentan una doble afectación debido al agravamiento del conflicto armado y a factores ambientales asociados al cambio climático, lo que ha llevado a una emergencia humanitaria.
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El impacto del paro armado se ve exacerbado por la confrontación territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo). Esta disputa ha intensificado la crisis en las áreas ubicadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como en las proximidades de la carretera Nóvita-Torrá.
Las comunidades indígenas en los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, y Chagpien Tordó, junto con los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman, están especialmente expuestas a estos riesgos, señaló la Defensoría.
En vista de esta emergencia, la Defensoría del Pueblo ha instado a las instituciones estatales a tomar medidas urgentes de prevención y protección para salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil en riesgo. Es imperativo que se presten especial atención a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría, incluyendo las Alertas 020 del 2021, 025 del 2021, 027 del 2021 y 012 del 2022, las cuales fueron actualizadas con informes de seguimiento. Durante el año 2023, se registraron seis paros armados en el departamento y ya se han documentado dos adicionales en lo que va del 2024.
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