ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de reconocimiento y aceptación de responsabilidad en el Caso No. 3, «Sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». En esta audiencia, participaron militares pertenecientes a la Novena Brigada, fuerzas especiales de AFEUR, y el Batallón Magdalena de La Plata y Pitalito, junto con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y las víctimas de los mal llamados «falsos positivos». Durante la audiencia, se presenció la confesión de cómo los militares ejecutaron más de 200 homicidios de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, cometiendo verdaderos crímenes de lesa humanidad.
Uno de los comparecientes, considerado uno de los máximos responsables, afirmó que con sus órdenes había lanzado a sus hombres «al abismo moral». Y no es para menos; cada relato, cada palabra y afirmación realizada por los comparecientes reafirma que la llamada «Política de Seguridad Democrática» fue una verdadera afrenta a los derechos humanos y terminó perjudicando al mismo pueblo, que sufrió la desgracia de ser joven, pobre, campesino, de tener problemas de consumo de SPA, o simplemente de estar en el lugar equivocado para convertirse en víctima de semejantes criminales.
Duele ver a los familiares de los asesinados, contando cómo acudieron a todos los escenarios e instituciones clamando por justicia, y cómo la justicia, la sociedad y el Estado en su conjunto les dieron la espalda. Peor aún, fueron estigmatizados por buscar que se hiciera justicia en su caso. Algunos murieron en el intento, otros tuvieron que callar hasta ahora por amenazas de los perpetradores, y muchos mantuvieron su frente en alto y lucharon hasta ver hoy a los criminales confesar sus delitos.
Lo presenciado de primera mano en la audiencia refleja la «banalidad del mal» descrita por Hannah Arendt en el ensayo Eichmann en Jerusalén, realizado como reflexión sobre el juicio contra Adolf Eichmann tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Las razones esbozadas para realizar esta barbarie eran banales, superfluas, pírricas, innecesarias. Matar por un reconocimiento, por un permiso, por un ascenso o por el simple hecho de no ser expulsado de la carrera militar fueron, entre otros, los argumentos que terminaron justificando la muerte de más de 6,400 personas en todo nuestro país.
Lo desafortunado es que, a pesar de tener las evidencias documentales y testimoniales, hay quienes, en este departamento y en el país, siguen apoyando los proyectos políticos que orquestaron esta barbaridad y que claman por la necesidad de continuar abriendo fuego contra el mismo pueblo.
La justicia y el Estado colombiano fallaron en su deber de respeto y garantía de los derechos humanos, y por ello, las víctimas están en todo su derecho de reclamar la reparación integral del daño. Esta reparación debe trascender el ámbito indemnizatorio y centrarse en buscar la verdad, la justicia propiamente dicha, la reparación y la garantía de no repetición de los hechos ocurridos. La Jurisdicción Especial para la Paz ha permitido que los familiares de las personas asesinadas, lesionadas o desaparecidas conozcan la verdad sobre sus seres queridos y, finalmente, accedan a ella luego de un largo y tortuoso proceso de negación. Esperemos que lo ocurrido sirva para que este tipo de situaciones “Nunca Más” se repitan.
