La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) ha señalado la creciente desprotección de los derechos humanos y las libertades de los habitantes del departamento del Huila como una grave consecuencia del incremento de la violencia, facilitada por la falta de acción efectiva de las autoridades.
El departamento del Huila, y en particular municipios como Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol, ha experimentado un aumento significativo en el control territorial por parte de grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. Esta expansión se ha visto favorecida por el cese al fuego bilateral y temporal decretado por el Gobierno, el cual, según diversas fuentes, ha debilitado la capacidad del Estado para proteger a la población civil.
La Fundación para el Estado de Derecho ha decidido actuar ante esta situación, interponiendo una acción popular con el fin de proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes del Huila. Esta acción legal busca salvaguardar derechos como la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, y el uso del espacio público, que se ven amenazados por la actual ola de violencia.
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“Las autoridades locales y entes de control han alertado que, en el periodo de cese al fuego con estos grupos ilegales, se ha incrementado el despliegue armado y la expansión del control 2 territorial en el departamento del Huila. Esto se ha intensificado por la ‘ausencia o presencia diferenciada del Estado, orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, en especial niños, niñas y adolescentes’, como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana No. 15 de 2024”, señala en el documento la FEDe.
Ante esta situación, la Fundación para el Estado de Derecho ha solicitado al Tribunal Administrativo del Huila que declare vulnerados los derechos colectivos en la región y que ordene al Gobierno la adopción de un plan de respuesta urgente. Este plan debería incluir la captura, judicialización, desmantelamiento y desarticulación de los grupos armados ilegales que actualmente ejercen violencia en el departamento.
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