Por: Sergio Andrés Losada Cerquera
Buena parte de la historia, la humanidad consideró a los animales como cosas o seres que podían soportar cualquier tipo de tratamiento por diversión o por la costumbre.
En la Cultura de las poblaciones, han estado arraigadas actividades como el Toreo, donde un hombre armado da muerte al Toro por una única razón: entretenimiento. Véase también la descabezadura de Gallo, juego tradicional que se hizo popular en nuestra región en el marco de la celebración de las fiestas, consistente en colgar un Gallo boca abajo suspendido de una cuerda manipulable por una persona quien hacia balancear el animal hasta que otra persona al mando de un Caballo lograba descabezar el Gallo con un garrote.
Pero ese tipo de comportamientos no ha sido solo producto de las tradiciones: también, los desequilibrios mentales que generan violencia, han ocasionado injustificados ataques contra los animales.
No deja de sorprendernos la crueldad del ser humano, casos como el de Jhonier Leal, quien dio muerte a su madre y hermano, al parecer por quedarse con la herencia, nos hace pensar en una reflexión que a muchos nos ha marcado: Si el hombre es capaz de quitarle la vida a su progenitora, ¿Que alcance tendrá frente a los animales?
Por fortuna, la generación de conciencia sobre el bienestar y protección animal ha venido creciendo, los altruistas pioneros de estas causas han dado una dura lucha en los escenarios sociopolíticos de la civilización. Cada vez son más las personas, instituciones y herramientas que trabajan por garantiza a los animales la vida en condiciones de dignidad.
Un logro del movimiento animalista fue la expedición de la Ley 1774 de 2016: ésta norma, declaró que los animales son “seres sintientes, no son cosas” y que “recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor”.
Asi mismo, se establecieron unos derechos para garantizar la dignidad y protección de los animales, se elevó a la calidad de delitos los comportamientos violentos contra éstos y se le asignaron responsabilidades a funcionarios como Alcaldes y Jueces en esta materia.
Por otra parte, la Ley 1801 de 2016, en su artículo 119 le impuso a los Municipios la obligatoriedad de tener un lugar seguro, centro de bienestar animal, albergue u hogar de paso a donde se puedan llevar los animales domésticos en estado de abandono para garantizarles sus derechos hasta lograr entregarlos en adopción.
Sin embargo, lo establecido en estas normas, como muchas en Colombia, queda en buenas intenciones, el estado y la sociedad estamos en mora de cumplir estas disposiciones: Hacemos un llamado para que asuntos como los veterinarios públicos y los albergues pasen de ser un mandato legal a una realidad en los Municipios Huilenses.
Esta responsabilidad no puede seguir recayendo de manera exclusiva en los animalistas que con precariedad y haciendo recaudación de fondos, luchan día a día para atender y proteger a estos seres.
