Por: JUANITA TOVAR SANDINO
El caso de Silvio Ginnaneschi, un ciudadano italiano detenido durante el estallido social de 2021 en Bogotá, es un claro ejemplo de cómo la justicia puede ser mal aplicada en algunos casos y de cómo el debido proceso puede ser sacrificado en medio de un contexto de tensión social. Ginnaneschi no es un santo; es un revoltoso que fue detenido el 25 de agosto de 2021 y llevado a la URI de Ciudad Bolívar por el supuesto delito de obstrucción en vía pública, un cargo que, si bien puede ser reprochable en el contexto de las protestas, no justifica las irregularidades que siguieron en este caso.
El 26 de agosto, solo un día después de su detención, Migración Colombia emitió una resolución de expulsión en contra de Ginnaneschi, la cual fue notificada el 27 de agosto. Este acto administrativo se llevó a cabo de manera alarmantemente rápida, lo que levanta serias dudas sobre la observancia de los requisitos legales que deberían haberse cumplido. El procedimiento de expulsión, en este caso, parece haber sido ejecutado sin la rigurosidad que demanda un Estado social de derecho como el colombiano.
La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de expulsión de Ginnaneschi pone en tela de juicio el cumplimiento de los principios del debido proceso, que son fundamentales en cualquier actuación del Estado. Estos principios garantizan que cualquier persona sujeta a un proceso administrativo o judicial tenga la oportunidad de defenderse, presentar pruebas y recurrir decisiones que puedan afectar sus derechos. En este caso, sin embargo, el manifestante Ginnaneschi no tuvo un tiempo razonable para ejercer estos derechos, lo cual es una violación evidente de los procedimientos establecidos, aun si haya cometido actos detestables.
Además, el caso presenta una omisión preocupante: Ginnaneschi tiene un hijo menor de edad en Colombia, un hecho que debería haber sido considerado antes de tomar una decisión tan drástica como la expulsión. La ley colombiana y los tratados internacionales de derechos humanos protegen la unidad familiar y los derechos de los menores, y cualquier medida que pueda afectar estos derechos debe ser evaluada con extrema cautela. La omisión de este aspecto es una muestra de cómo las decisiones apresuradas pueden llevar a graves injusticias.
Otro aspecto que agrava la situación es que Ginnaneschi no tiene antecedentes penales ni procesos judiciales en curso en Colombia, como lo demuestran documentos de la Fiscalía y la Policía. Este hecho resalta aún más la arbitrariedad con la que se llevó a cabo su expulsión. En un contexto donde el Estado debe actuar con imparcialidad y justicia, etiquetar a una persona sin antecedentes como un terrorista es contradictorio. Pero además, si el italiano cometió delitos, ¿por qué no fue judicializado?
La expulsión de Sergio Ginnaneschi es un reflejo preocupante de cómo las autoridades colombianas pueden, en momentos de crisis, tomar decisiones que comprometen los derechos fundamentales de las personas, en este caso, un extranjero que, además, tiene vínculos familiares en el país.
El caso de Ginnaneschi debe servir como una advertencia sobre los peligros de actuar con premura y sin considerar todas las implicaciones de una decisión. Por casos como este, donde la justicia actúa con ligereza, es que luego vienen demandas contra el Estado y, en ciertas ocasiones, pueden existir nulidades. Si el italiano cometió delitos, debió haber sido sometido a un justo proceso judicial con todas las consecuencias penales.
El italiano es asociado con la Primera Línea, y es de suma gravedad que una persona que cometió delitos en nuestro país haya quedado totalmente impune, según lo que aparece en su expediente, que indica que no tiene abierto ningún proceso penal, y que ahora, por un aparente mal procedimiento, quiera ser “perdonado”, así como hizo el presidente Petro con la alemana Rebecca Sprößer, quien participó también en las protestas de 2021. Fue expulsada del país, pero ahora está de vuelta en Colombia porque fue acogida bajo el «perdón social», lo que deja mucho sobre la mesa.
Es necesario que las autoridades revisen y corrijan los procedimientos que llevan a cabo en contextos de crisis para asegurar que se respeten los derechos fundamentales y que las decisiones se tomen con base en la ley y no en prejuicios o presiones externas. Solo así se podrá garantizar que Colombia siga siendo un verdadero Estado social de derecho, donde la justicia se aplique de manera equitativa y sin arbitrariedades, para que después no aparezcan sorpresas o nulidades debido al mal ejercicio de la justicia.
